En el sistema de salud, por ejemplo, hay varios debates pendientes que el ministro Alejandro Gaviria ha pedido dar, pero no hemos visto voluntad política de llevarlos a cabo en los partidos políticos.
Uno de ellos es hasta qué punto debe nuestro sistema cubrir necesidades en pos de una “vida digna”. Como contó hace unos días El Espectador, una tutela presentada por una persona con discapacidad visual le pedía a la EPS que le proporcionara una guía para firmar, grabadoras y receptores, ábaco, calculadoras, máquina de escribir, papel o plástico especial para escribir, relojes de mesa, enhebrador de agujas y ayudas para pesar y medir, “incluidas pesas para la cocina y pesas dietéticas”. La tutela fue concedida y hay otra similar que está siendo impugnada. La pregunta necesaria es: ¿cómo delimitamos los alcances de lo que nuestro sistema de salud debe, razonablemente, cubrir?
Cuando no es por vía de tutela, el sistema sufre por recobros que generan dudas. También, como contó El Espectador, en el país se incrementó de manera extraña la solicitud del Vimizin (o elosulfasa alfa) por parte de las EPS, medicamento utilizado para tratar la enfermedad rara conocida como síndrome de Morquio (mucopolisacaridosis tipo IV).
Según cifras, el número de personas con el síndrome de Morquio se disparó en 2017 (creció 167 %), al tiempo que algunas EPS empezaron a cobrarle al sistema facturas de Vimizin mucho más altas de lo usual. De recibir cobros de las EPS por cerca de $8.000 millones en 2016, en 2017 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud pasó a pagarles $49.300 millones.
Los costos todavía no se explican, y algunas de las tesis mencionadas son que previamente había un subregistro o que hay problemas con el diagnóstico. Pero, en cualquier caso, el problema es evidente: un sistema colapsado no puede andar cargando con gastos astronómicos.
En cuanto a las pensiones, hace un par de semanas la Fiscalía denunció un desfalco que superaría los $90.000 millones. Al parecer, en el Cesar operaba una red de profesionales que expedían certificados con enfermedades mentales inexistentes que luego eran cobradas a Colpensiones y a los fondos privados. Cerca de 400 personas se habrían pensionado de esta manera. Inaceptable.
Son tres debates distintos, pero que le apuntan a lo mismo: el sistema de seguridad social necesita atención. Lastimosamente, el debate electoral se queda en la superficie. No se puede seguir aplazando las reformas.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.