Ojo a la comida “chatarra”

A finales del año pasado inició su tránsito en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretendía regular la publicidad y el etiquetado de bebidas y alimentos que tienen un alto contenido calórico y bajo valor nutricional, particularmente aquellos con altas cantidades de grasas saturadas, azúcares y sodio, entre los que se encuentran las bebidas azucaradas y la comida chatarra. El proyecto fue aprobado este mes en la Cámara de Representantes y pasará ahora a tener su tercer debate en la Comisión Séptima de Senado. Sin embargo, y como explicó Red PaPaz, uno de los impulsores de la iniciativa, en un comunicado, “el proyecto fue desintegrado, su objeto y finalidad fueron eliminadas y lo que queda hoy de él es un texto que en nada se relaciona con lo que proponíamos desde la sociedad civil”.

La frustración de los promotores del proyecto es comprensible. Después de realizar un comité con representantes de la industria, se decidió retirar nueve artículos que “eran una intromisión a la libertad de empresa”, como los relativos a publicidad en medios y su venta en tiendas escolares. El grueso del proyecto, lo que Red Papaz consideraba el “corazón de la ley”, era implementar un nuevo etiquetado frontal y fácil de entender que alertara si el producto era alto en calorías, sodio, azúcar o grasas saturadas. A pesar de que el proyecto de ley sí fue votado a favor, la propuesta que cambiaba las etiquetas se cayó después del segundo debate en Cámara.

Aunque las preocupaciones de la industria por la prohibición de ciertos alimentos y los mensajes que asusten a los consumidores también deben ser escuchados, es imperativo que iniciemos una conversación pública sobre la inconveniencia de consumir y exponer a los niños a la publicidad de productos ultraprocesados. En Colombia, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, el 51,2 % de la población adulta y el 24,4 % de los niños en edad escolar presentan sobrepeso y obesidad. El gasto público en salud para atender enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación aumentó 755 % entre 2005 y 2012 y pasó de $22.500 millones a $192.730 millones.

No se trata simplemente del derecho de los consumidores a recibir información completa y veraz, también está en juego el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas, que es central para el derecho humano a la salud. La incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la obesidad, especialmente en niños y adolescentes, se trata de un problema que puede poner en vilo a un sistema de salud como el nuestro, ya de por sí sobrecargado.

Los empresarios no deberían ver este tipo de iniciativas como una persecución, sino como un incentivo para reformular los alimentos que producen y hacerlos más saludables. Si la industria ayudan a promover una alimentación más saludable con sus propios productos, todos ganamos.

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