Los proponentes del proyecto Los Ciruelos, siguiendo el rumbo de Six Senses y con antecedentes en las pretensiones de famosas cadenas, como el Club Méditerranée, presentaron su propuesta de “ecoturismo sostenible”, con potencial de beneficios económicos y compromiso de transferir recursos para mejorar el estado de conservación de los predios que poseen dentro del parque. Hasta ahí muy bien, si se tratara sólo de un parque natural.
El argumento de la contraparte —expertos en política y ciencias ambientales, activistas y voceros del pensamiento indígena— resalta el carácter de bien público del parque y la larga historia de defensa y victoria, que se manifiesta en el estado mayormente natural de las bahías del Tayrona, que son ya una excepción en el Caribe. Para ellos, el uso ambiguo del término ecoturismo, así como el de desarrollo sostenible, ha puesto en riesgo el carácter de la que ya es sin duda la más emblemática área protegida del país.
Por eso resulta tan oportuna la intención de rectificación de parte del gobierno nacional, que no sólo ha negado otra vez, presionado eso sí por la fiscalización ciudadana, este tipo de proyectos, sino que ha sacado a consulta pública una nueva normativa de ecoturismo para los parques nacionales. Esta nueva señal del Gobierno se alinea con la orden del presidente de aclarar la posesión y tenencia de los predios en el Tayrona.
Con todo, el Gobierno debe ser consciente de las implicaciones de retomar el extraviado rumbo. Porque el estado del parque Tayrona, a pesar de los sacrificados esfuerzos de los funcionarios de Parques Nacionales, con sus recursos mínimos, no es el mejor. Su biodiversidad terrestre y marina y la calidad estética de sus ecosistemas están severamente tensionadas por expansión urbana, fragmentación, invasión de especies exóticas, además de las amenazas de siempre.
La agenda hacia adelante es enorme. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de entregar al final de su mandato un parque nacional de clase mundial, que se constituiría en un activo económico principal de Santa Marta, como epicentro de un destino ecoturístico regional. Pero ello difícilmente se logrará con más de lo mismo. Se requiere una financiación sustancial de los parques nacionales, para garantizar que el otro modelo de ecoturismo —el de la visita guiada y cualificada de un área de conservación— pueda satisfacer la creciente demanda de la que ya es la industria de mayor crecimiento del mundo. Esencial en este momento resulta la compensación a los municipios que aportan parte de su territorio al Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Los empresarios privados que quieran contribuir a este modelo de conservación, y no sólo a satisfacer sus legítimas pretensiones en predios reclamados dentro de los parques, podrán concursar para prestar servicios, como se hace en casi todas partes del mundo; y podrían además desarrollar sus proyectos ecoturísticos, aunque en otras áreas del territorio. En vez de sustraer de manera indiscriminada las reservas forestales, el Gobierno podría crear áreas para concesiones privadas de conservación, como sucede en el vecino Perú, en donde por fuera de los parques, y sumado a estrategias regionales de, ahí sí, desarrollo sostenible, el sector privado tiene mucho que enseñar. Por ahora, también mucho que aprender: para qué y para quién son los parques nacionales naturales de Colombia. Santos y su ministro, Juan Gabriel Uribe, podrían estar ad portas de inaugurar una nueva era en la gestión de las áreas protegidas de Colombia.