El caso se remonta a 2007, cuando Carrasquilla era el jefe de la cartera de Hacienda del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y promovió una reforma constitucional que luego se convirtió en la ley que les dio vida a los bonos de agua, un tipo de endeudamiento con el que se permitió a los municipios comprometer recursos futuros para la construcción de proyectos de infraestructura de servicios básicos como agua y saneamiento.
La firma que asesoró la estructuración financiera de dichos bonos fue Konfigura Capital, una sociedad anónima de la cual Carrasquilla fue accionista hasta junio de este año, cuando el presidente Duque lo nombró como ministro de Hacienda y traspasó, sin pago, sus acciones a Lía Heenan, otra accionista.
Aunque el tema no es nuevo, resurgió cuando se supo que Carrasquilla haría parte del gabinete del nuevo gobierno. Las críticas giran en torno a fallas en la ejecución de las obras que permitieron los bonos y al supuesto empobrecimiento de los municipios a costa del jugoso negocio que habrían supuesto los bonos de agua.
Tras la publicación de la columna de Coronell, Carrasquilla emitió un comunicado en el que afirma categóricamente que no se enriqueció con la emisión de los bonos, pues solo asesoró su emisión y recibió unos honorarios por ello. Agregó que su empresa, Konfigura Capital, ni compró ni vendió bonos.
Sin embargo, esos honorarios, cuyo valor desconocemos, significaron un ingreso y con seguridad un lucro para el ministro. Además, persiste la duda de si la estructuración que asesoró Carrasquilla tuvo que ver con el enorme costo que tuvieron que asumir los municipios por las altas tasas de interés frente a otras del mercado y las condiciones poco favorables y sobre todo inamovibles de la deuda.
Carrasquilla deberá responder en el necesario debate de control político convocado por el senador Jorge Enrique Robledo la próxima semana. Y entonces, cuando haya claridad en un tema que es complejo, habrá que tomar decisiones.
Porque el problema ético de la perversa “puerta giratoria”, en la que un alto funcionario se marcha a trabajar a una empresa privada que luego obtiene algún beneficio relacionado con su anterior ocupación pública, seguirá presente. Como ha dicho el senador Robledo, es cuando menos problemático hacer negocios y obtener beneficios económicos como privado de una herramienta que el mismo Carrasquilla ayudó a construir como funcionario público.
A pesar de que no se conoce ninguna investigación en su contra y parece claro que no cometió ningún delito, tanto él como el presidente Duque deberán evaluar la conveniencia de su continuidad en el cargo, y eso aparte de la amenaza de una posible moción de censura que voces en el legislativo están promoviendo de manera prematura. El liderazgo político de un ministro de Hacienda en este momento delicado de las finanzas públicas, que requieren con prontitud reformas que despejen los nubarrones, es crucial. Y por muy bien librado que salga del debate de control político, la duda ética de la puerta giratoria seguirá pendiendo sobre ese liderazgo.
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