Otra vez las ganas de aplastar las opiniones

Lo decimos ante la denuncia que ha hecho la periodista María Jimena Duzán sobre el curso que lleva una tutela en su contra por una columna de opinión. En el texto, “Pacto de silencio”, publicado en junio de este año en Semana, Duzán se cuestiona por qué en Colombia las investigaciones sobre el caso Odebrecht no han dado tantos resultados como en el exterior. Utilizando la suspicacia, dice que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no ha tocado a los “peces gordos” de los sobornos que involucran a Esteban Moreno, un empresario que tendría cercanía con Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria.

Lo que hace Duzán en su texto no es más que ejercer el derecho a la opinión y la crítica; pone el dedo en la llaga de los poderosos y se atreve a hacer duros cuestionamientos.

Además, es un acto comunicativo que no confunde a ningún lector: se trata de una opinión. Cuando alguien enmarca sus declaraciones dentro de la opinión, les está diciendo a las personas que no estamos en el campo de las verdades verificables, sino de las interpretaciones que, por lo tanto, buscan proponer una manera de ver la realidad que entra a competir con otros relatos de los hechos. ¿Vamos a permitir que un juez, armado con toda la fuerza del Estado, entre a evaluar cuáles opiniones son válidas y cuáles no?

La libertad de opinión existe porque los discursos que incomodan han sido aplastados a lo largo de la historia. Se trata de una salvaguarda para la democracia. Allí donde haya voces críticas, disidentes, habrá un público informado, escéptico.

Por eso es tan preocupante que el fiscal del caso Odebrecht, Daniel Hernández Martínez, haya decidido entutelar a Duzán argumentando que se le está vulnerando el derecho a la honra. Según el fiscal, la columna ignora que ya hay procesos abiertos por los hechos en cuestión. ¿Y acaso eso significa que no se pueda cuestionar la manera como la Fiscalía ha tratado esta situación?

Como lo explicó Duzán en entrevista con Caracol Radio, “es una tutela que plantea una relación de fuerzas totalmente desiguales: es un fiscal contra una periodista (...) al señor Daniel Hernández lo que no le gusta es mi percepción sobre la investigación que ellos tienen”.

En efecto, que un fiscal utilice una tutela para silenciar una voz crítica, como dijo Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, “habla muy mal de los valores democráticos y de la tolerancia a la crítica que debería tener un funcionario de este nivel”.

Esperamos que los jueces de la República, una vez más, salgan en defensa del derecho constitucional a la libertad de opinión. Queda, no obstante, la pregunta: ¿cómo logramos que los funcionarios del Estado comprendan que sus cargos vienen con la necesidad de resistir las críticas sin buscar aplastarlas?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Lo decimos ante la denuncia que ha hecho la periodista María Jimena Duzán sobre el curso que lleva una tutela en su contra por una columna de opinión. En el texto, “Pacto de silencio”, publicado en junio de este año en Semana, Duzán se cuestiona por qué en Colombia las investigaciones sobre el caso Odebrecht no han dado tantos resultados como en el exterior. Utilizando la suspicacia, dice que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no ha tocado a los “peces gordos” de los sobornos que involucran a Esteban Moreno, un empresario que tendría cercanía con Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria.

Lo que hace Duzán en su texto no es más que ejercer el derecho a la opinión y la crítica; pone el dedo en la llaga de los poderosos y se atreve a hacer duros cuestionamientos.

Además, es un acto comunicativo que no confunde a ningún lector: se trata de una opinión. Cuando alguien enmarca sus declaraciones dentro de la opinión, les está diciendo a las personas que no estamos en el campo de las verdades verificables, sino de las interpretaciones que, por lo tanto, buscan proponer una manera de ver la realidad que entra a competir con otros relatos de los hechos. ¿Vamos a permitir que un juez, armado con toda la fuerza del Estado, entre a evaluar cuáles opiniones son válidas y cuáles no?

La libertad de opinión existe porque los discursos que incomodan han sido aplastados a lo largo de la historia. Se trata de una salvaguarda para la democracia. Allí donde haya voces críticas, disidentes, habrá un público informado, escéptico.

Por eso es tan preocupante que el fiscal del caso Odebrecht, Daniel Hernández Martínez, haya decidido entutelar a Duzán argumentando que se le está vulnerando el derecho a la honra. Según el fiscal, la columna ignora que ya hay procesos abiertos por los hechos en cuestión. ¿Y acaso eso significa que no se pueda cuestionar la manera como la Fiscalía ha tratado esta situación?

Como lo explicó Duzán en entrevista con Caracol Radio, “es una tutela que plantea una relación de fuerzas totalmente desiguales: es un fiscal contra una periodista (...) al señor Daniel Hernández lo que no le gusta es mi percepción sobre la investigación que ellos tienen”.

En efecto, que un fiscal utilice una tutela para silenciar una voz crítica, como dijo Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, “habla muy mal de los valores democráticos y de la tolerancia a la crítica que debería tener un funcionario de este nivel”.

Esperamos que los jueces de la República, una vez más, salgan en defensa del derecho constitucional a la libertad de opinión. Queda, no obstante, la pregunta: ¿cómo logramos que los funcionarios del Estado comprendan que sus cargos vienen con la necesidad de resistir las críticas sin buscar aplastarlas?

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