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Otro golpe contra el clan del Golfo, otro motivo para que el Congreso apruebe con celeridad el proyecto de ley presentado por el Gobierno para el sometimiento de las bandas criminales. Las condiciones están dadas para desmovilizar a estas organizaciones que tanto daño siguen haciéndole al país.
Ayer, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció a través de su cuenta de Twitter que Aristides Mesa, más conocido como el Indio, fue dado de baja en un operativo de la Fuerza Pública. El golpe no es menor, pues Mesa era el tercero al mando del clan del Golfo, y continúa con la lista de altos mandos neutralizados desde el año pasado.
El Indio, según la información que proporcionaron las autoridades, presuntamente era el responsable de organizaciones ilegales con influencia en las costas Caribe y Pacífica, parte de Urabá y el bajo Cauca antioqueño, y en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, San Andrés y Providencia. Además, lo responsabilizan como uno de los principales autores de las acciones armadas contra la Fuerza Pública. Tenía por lo menos 2.000 integrantes bajo su mando y era buscado por múltiples delitos.
El golpe en su contra demuestra que la estrategia de la administración Santos, de ofrecer, al mismo tiempo, garrote y oportunidad de salida, está funcionando. Las organizaciones criminales del país, a estas alturas, ya tienen muy claro que si no aprovechan la voluntad de este Gobierno de someterlas a la justicia de manera pacífica, seguirán en una guerra poco rentable y que seguramente perderán.
Por eso, cobra especial relevancia el proyecto que el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, presentó hace un par de semanas en el Congreso con sentido de urgencia. Allí, básicamente, se estructura el andamiaje jurídico para iniciar procesos con los representantes de estos grupos criminales para que sean sometidos a la justicia. El año pasado el clan del Golfo ya había expresado su voluntad de entregarse a las autoridades.
El proyecto presentado por el Gobierno pretende, en palabras del ministro, “fortalecer la investigación de hechos punibles cometidos por bandas criminales a través de un acercamiento colectivo y una judicialización de los miembros de las mismas, los beneficios que contempla este proyecto son para la sociedad colombiana”. En síntesis, se plantea la opción de ofrecer una rebaja de la pena de hasta el 50 % para aquellos que se entreguen voluntariamente, colaboren con la justicia ordinaria y utilicen todos sus bienes para reparar a las víctimas.
Calculando el costo de seguir combatiendo a estas organizaciones, con los beneficios de tenerlas en procesos judiciales y tras las rejas, sin duda la salida negociada representa más ventajas para la sociedad colombiana. Además, la inteligencia obtenida puede ser muy útil para la lucha contra el narcotráfico que se posicionó como el principal reto de seguridad en Colombia.
Esperamos que el Congreso actúe con la urgencia debida, que los candidatos a la Presidencia respalden estos procesos y que pronto tengamos buenas noticias en este tema.
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Por El Espectador
