A través de su cuenta de Twitter, el ministro Botero escribió que había solicitado a la JEP la expulsión de Leyder Johany Noscué Bototó, conocido en la guerra como Mayimbú, “para que Fuerza Pública pueda actuar. Este criminal no puede tener ningún tipo de beneficio de la justicia, debe pagar por cada uno de los delitos que se le imputan”.
Las palabras importan. Escribir “para que (la) Fuerza Pública pueda actuar” envía un mensaje inequívoco de que las autoridades se encuentran atadas de manos por una supuesta inacción de la JEP. En el ambiente político en el que nos encontramos, eso equivale a colaborar al relato que equipara a la justicia transicional con un pacto de impunidad. ¿No podía acaso el ministro prever que esa sería la reacción pública y, por lo mismo, abstenerse de lanzar semejante falsedad sin confirmar antes lo que estaba diciendo? ¿El equipo de comunicaciones del Ministerio de Defensa no es, acaso, especialista en elegir las palabras adecuadas para que estas no causen consecuencias indeseadas?
En respuesta justificadamente molesta, Patricia Linares, presidenta de la JEP, dijo que “la Fuerza Pública no tiene ninguna limitación para perseguir y capturar a los comparecientes que se hayan rearmado y estén delinquiendo” después de la firma del Acuerdo. Eso está claro en las reglas de la justicia transicional que operan desde hace tiempo en el país. En otras palabras, nada ni nadie impide que la Fuerza Pública actúe, contrario a lo sugerido por el ministro de Defensa.
En entrevista con Blu Radio, Botero decidió acudir a maromas retóricas para evadir la responsabilidad sobre sus palabras. Dijo que su preocupación era conseguir la expulsión de la JEP de Mayimbú para “juntar todos los procesos” y que eso ayude a la “economía procesal”. Pero eso no es lo que decía su tuit.
La Fiscalía, como explicó Linares, junto con la Fuerza Pública tienen la potestad de perseguir a los criminales “independientemente de que hayan concluido o no los procesos para la exclusión de esas personas de la JEP”. A la fecha, la Fuerza Pública no ha capturado a Mayimbú y eso no se debe, como insinuó el ministro, a que la JEP no haya actuado. Tanto el tribunal como el país entero desean que los reincidentes enfrenten las consecuencias de sus actos. ¿Qué beneficio le trae a Colombia que se siga deslegitimando a la JEP? ¿No es el gobierno del presidente Iván Duque un defensor de todas las instituciones, incluyendo las de la justicia transicional?
No todo vale en el debate público. El ministro lo sabe. Su desafortunado e irresponsable tuitt es otra perla en la campaña de desprestigio contra las instituciones del posacuerdo.
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Por El Espectador
