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La salida de Juan Carlos Florián del Ministerio de Igualdad, confirmada por fuentes a El Espectador, agrava la crisis de una buena idea que no termina de nacer. Aunque fue presentada como la materialización de décadas de luchas sociales, la cartera de Igualdad ha deambulado sin rumbo fijo, marcada por una ejecución deficiente, manejos erráticos, despilfarro de recursos y cierto desdén desde las altas esferas de la Casa de Nariño. El Congreso de la República tiene hasta junio para decidir si mantiene su vigencia, pero este nuevo cambio reaviva una pregunta esencial: ¿para qué mantener el gasto burocrático de una entidad que no ha sabido encontrar un propósito ni justificar su propia existencia?
Al analizar la trayectoria del Ministerio de Igualdad, la historia se resume en promesas que chocaron de frente con la realidad. El Gobierno Nacional logró su creación con rapidez y lo encargó a la vicepresidenta, Francia Márquez. Sin embargo, esa celeridad resultó ser un tiro en el pie: durante el análisis de la Corte Constitucional, el tribunal encontró que no se cumplieron los requisitos de factibilidad necesarios para justificar la creación de la entidad. Por ello, declaró el trámite inconstitucional y otorgó un plazo para subsanar los errores. En este lapso, lo que ha predominado son las pugnas políticas externas y las rencillas internas en la Casa de Nariño.
La primera decepción recayó sobre la vicepresidenta Márquez. Su capacidad de gestión se vio limitada por la falta de claridad en la diferenciación de funciones entre el Ministerio de Igualdad y otras carteras. Esto provocó un distanciamiento temporal con el presidente Gustavo Petro y culminó en su renuncia pública al ministerio tras la vinculación de Armando Benedetti al gobierno. A inicios del año pasado, la reemplazó Carlos Rosero, quien solo duró cinco meses en el cargo y fue objeto de un comentario racista por parte del mandatario en un consejo de ministros televisado. Posteriormente aterrizó Florián, un nombramiento mediático que, no obstante, apenas superó los cinco meses de gestión. Quien asuma ahora el liderazgo de la entidad se encontrará con un gobierno en su etapa final, más concentrado en la contienda electoral que en la ejecución técnica, y limitado por la Ley de Garantías.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se construye un Ministerio de Igualdad ante tanta volatilidad y falta de capacidad ejecutiva? En 2024, a pesar de contar con un presupuesto de COP$ 1,5 billones, solo ejecutó el 4,9 %; una cifra alarmante en un gobierno urgido de recursos. Según confirmaron fuentes a este diario, la fricción del presidente con Florián radicaba en esa misma frustración: la falta de iniciativa. No supieron explicar a los colombianos la utilidad de la entidad ni cómo contribuiría a cerrar la brecha de desigualdad que fractura al país.
Lo hemos sostenido anteriormente: la idea de un Ministerio de Igualdad es loable y necesaria en una Colombia tan segregada como la nuestra. Sin embargo, la lección es que los actos simbólicos requieren capacidades prácticas y técnicas para ofrecer respuestas eficientes. La improvisación solo deja burocracias costosas que minan la confianza ciudadana y sabotean las luchas sociales que tanto esfuerzo han costado. El interrogante para el Congreso es: ¿le darán una segunda oportunidad al Ministerio para que el próximo gobierno le asigne un rumbo adecuado? La respuesta sigue en el aire y con pronóstico reservado.
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