La semana pasada, Blu Radio contó cómo un conductor de Uber consideraba que la plataforma estaba siendo injusta con él y sus colegas. Según él, “a nosotros Uber no nos paga nada. Nos paga los servicios que nos da la plataforma, del cual descuenta un porcentaje que está promediado entre el 33 y el 45 %”.
En respuesta, también en Blu Radio, Juan Pablo Wills, director de impuestos para la región Andina, Centroamérica y el Caribe de Uber, dijo: “Lo que hicimos fue un incremento en la tarifa a los usuarios que cubre la totalidad del pago de ese IVA. Lo que los socios conductores pueden estar viendo un incremento simplemente para nosotros poder recobrar ese costo adicional, pero de ninguna forma hemos afectado la ganancia de los socios conductores con el IVA”.
Más allá de los detalles de esa disputa específica, quedan de presente dos incongruencias de la regulación actual: los conductores no tienen leyes que protejan sus derechos laborales por participar en servicios como Uber y, además, ¿por qué la plataforma está pagando IVA si la mayoría de sus operaciones todavía son perseguidas por la Policía?
¿Cuánto tiempo más vamos a continuar con esa incoherencia estatal?
La solución no es la prohibición. Eso ya debería estar claro. Además, el gobierno de Iván Duque ha prometido enfocarse en los emprendimientos modernos, incluidos los tecnológicos. ¿Qué mejor manera que promover una regulación útil, no solo para la coyuntura del transporte, sino para las plataformas digitales que estén por inventarse y que modifiquen sectores ya establecidos?
El país necesita una regulación que haga varias cosas. Primero, debe garantizar que los taxistas y los conductores de las plataformas compitan en igualdad de condiciones. Segundo, debe garantizarles a los usuarios que, al utilizar un vehículo de cualquier denominación, están protegidos por seguros y por mecanismos de verificación de que los conductores son personas capaces de llevar a cabo ese trabajo. Tercero, debe proveerle a todos los conductores protecciones laborales mínimas; esto incluye exigirles a las plataformas que reconozcan sus responsabilidades con sus “socios”, más allá de facilitar el uso de una aplicación. Cuarto, debe establecer herramientas para evitar las tarifas exorbitantes. Quinto, debe ser una normativa que pueda adaptarse a los cambios imprevistos en el ámbito tecnológico.
Esas son solo algunas ideas que, muy seguramente, pueden ser complementadas consultando a los múltiples expertos en estos temas. Es momento de reabrir la discusión, alejarla de las presiones del lobby de los taxistas y solucionar un vacío normativo peligroso para Colombia.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com
Por El Espectador
