Mientras tanto, la indignación y la presión hacia el nuevo gobierno crecen en la región.
El tema da para diversas interpretaciones jurídicas y políticas y tiene a las cancillerías corriendo bases para fijar una posición en medio de la confusión. Mientras algunos países manifestaron su rechazo, otros, entre los cuales se encuentra Colombia, han preferido ser más cautos y analizar muy bien lo acontecido. La canciller María Ángela Holguín hizo parte de un grupo de sus pares de Unasur que se desplazó de inmediato a Asunción para tratar de llevar sensatez y observar lo que sucedía. A pesar de los esfuerzos realizados, la decisión ya estaba tomada de antemano y el Senado, obrando constitucionalmente, encontró culpable a Lugo en un procedimiento que, por su velocidad, ha sido calificado como una “destitución exprés”.
Aquí comienzan los problemas. ¿Fue legal la actuación del Congreso? Todo parece indicar que sí, pues se siguieron los pasos señalados en la Constitución. La Cámara de Diputados, con 76 votos a favor y uno solo en contra, convocó al juicio político. Luego, la Cámara de Senadores estableció el reglamento para el proceso, función que le corresponde, y fijó un plazo de 24 horas, con dos horas para la defensa del presidente. El resultado final fue de 39 votos por la destitución y cuatro en contra ante el “mal desempeño de funciones y (por) arrastrar el país al caos”. La aplanadora opositora actuó con toda su fuerza y Lugo aceptó retirarse en aras de preservar la paz, pero cuestionando seriamente la forma de actuación del Congreso. De inmediato asumió el poder el vicepresidente. Hasta aquí todo parecería legal. Pero no necesariamente legítimo.
¿Qué diferencia lo legal de lo legítimo? Lo legal es lo apegado a la ley, en este caso a la Constitución. En ese sentido, se obró de acuerdo al texto constitucional. Sin embargo, para que el hecho sea legítimo necesita además ser justo y que se hayan brindado todas las garantías del debido proceso y la legítima defensa. Pero no hay que ser abogado para darse cuenta de que un proceso montado en 24 horas, con tan sólo dos para la defensa del acusado, un presidente en ejercicio, es ilegítimo. En especial cuando el fallo ya estaba tomado de antemano. En Paraguay ya se había aplicado esta figura en dos ocasiones anteriores y los plazos procesales fueron mayores a cinco días.
¿Qué sigue entonces? Los países de la Alba hablan de golpe de Estado y no reconocen al nuevo gobierno. Algo similar ocurre con Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana. Colombia, México, Perú y Chile han sido más cautos en su evaluación inmediata, aunque han cuestionado el debido proceso y el derecho a la legítima defensa. Los presidentes de Unasur se reunirán en Lima la próxima semana y podrían aplicar sanciones al gobierno de Federico Franco. Por el lado de la OEA, ya se pidió que se invoque la Carta Democrática, que activará una asamblea extraordinaria de cancilleres que podría imponer sanciones como la suspensión del actual gobierno.
Así las cosas, ¿qué se busca? No hay claridad. El defenestrado presidente Lugo dice que fue sometido a un golpe de Estado parlamentario y que abanderará la resistencia hasta las elecciones de 2013. Pero, ¿quiere y puede volver al poder una vez aceptó el fallo y su reemplazo ha sido nombrado? Por lo pronto, ha convocado para el día de hoy un “gabinete por la restauración democrática”. Lo cierto es que la presión internacional será la que decida en las próximas horas el futuro de Paraguay y es de esperar que no se legitime lo que a pesar de tener un viso de legalidad no debe ser convalidado.
Por El Espectador
