Se trata de una cita que el representante investigador Jorge Gómez Villamizar hizo el pasado 12 de marzo, avanzando un poco en ese largo trecho de ocho años que ha sido este caso contra Osorio. Tanto tiempo es una vergüenza para el país, para la Comisión y para el mismo exfuncionario, quien, finalmente, es objeto de una acusación que pesa en contra de su nombre. Los efectos de la falta de celeridad en los procesos son algo que no siempre se alcanza a dimensionar correctamente.
Se revive entonces uno de los tantos casos en los que existen señalamientos, por parte de distintos sectores, acerca de la influencia masiva que tuvieron en su momento los paramilitares en amplios sectores del establecimiento. Uno de los últimos capítulos de la historia de este país que esperamos no quede, como muchos, en el desconocimiento total
Las acusaciones contra Osorio empezaron en marzo de 2003, por la época en que el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, era congresista: dijo en su momento que el exfiscal había permitido la infiltración de las autodefensas en Norte de Santander. Pero el pasado jueves Petro amplió sus acusaciones, declarándose víctima de una persecución, haciendo alusión a una declaración de Rafael García, en la que se acusaba al entonces director del DAS, Jorge Noguera, y a Osorio de espiar al mandatario.
A muchas personas citó la Comisión. A exfiscales y a un miembro del CTI que aseguran, en algunos casos conocidos por este diario, las grandes molestias que tenía Osorio al momento de investigar hechos que involucraban a altos mandos paramilitares o de las Fuerzas Militares. Así es, por ejemplo, el testimonio de Luis Augusto Sepúlveda, exfiscal de Derechos Humanos: “Él se molestó muchísimo y supe entonces que mis días estaban contados en la Fiscalía”. Habla de la vinculación del jefe paramilitar Carlos Castaño y la solicitud de investigar a los generales Jorge Enrique Mora y Reinaldo Castellanos, en el atentado a Wilson Borja. Sepúlveda incluso tuvo que salir del país.
El abogado defensor de Osorio, Jaime Granados, dice, aparte de que el proceso se ha demorado mucho, que el exfical dio versión libre y refutó todos los señalamientos que se le hicieron en el tiempo en que ocupaba el cargo. Este, por tanto, es un asunto que deberá quedar claro lo más pronto posible: si ya refutó todo, ¿por qué hay, otra vez, una exposición de los testimonios de exfiscales al mando de Osorio? ¿Por qué Petro ha salido nuevamente con otro tipo de señalamientos? ¿No es lógico que deba investigarse hasta el fondo la condición de Osorio y su presunto favorecimiento a los grupos paramilitares?
Es una cuestión de verdad histórica. De ir desechando, pieza por pieza, las posibilidades de ese complot para la toma del poder por parte de un grupo ilegal. Sabemos, y lo hemos dicho ya muchas veces en estas líneas (la primera y suponemos que no la última de este año), que la Comisión de Acusación de la Cámara es un organismo que no tiene mucha legitimidad en cuestiones de resolver casos. Pero por algún lado se debe empezar a desenmarañar este entuerto que ya lleva ocho años. El jueves, pues, hay que estar atentos a la audiencia. La Comisión debe saber que sobre sí misma, también, pesa aclarar la historia reciente de un país.
Por El Espectador
