El caos institucional parte de una procuradora y un presidente en campaña política. En la fuerte discusión esta semana entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, el problema es que en realidad ambos tienen parte de la razón. Colombia está en un limbo jurídico, pues su legislación interna incumple la Convención Americana y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra nuestro país, pero la Corte Constitucional permitió que esa situación continuara y el Consejo de Estado está en una pugna interna para sentar posición. En ese río revuelto, y con las elecciones regionales en ebullición, queda en evidencia la necesidad de una reforma constitucional que resuelva el problema de una vez por todas.
La posición del presidente Petro es entendible. Cuando era alcalde de Bogotá, la Procuraduría beligerante de Alejandro Ordóñez lo separó de su cargo, en un ataque institucional con claras intenciones políticas. A raíz de esa decisión, la Corte IDH condenó a Colombia porque la Convención Americana establece que las personas elegidas democráticamente no pueden perder sus derechos políticos si no hay condena penal en su contra; así de claro y sencillo. Entonces, una figura como la de la Procuraduría colombiana incumple el acuerdo internacional, pues no es juez penal, pero sí tiene poderes enormes sobre alcaldes, gobernadores y otros funcionarios. No sorprende, entonces, que ahora el presidente se niegue a reemplazar al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, suspendido por tres meses por la Procuraduría, y haya iniciado este choque público de trenes.
Sin embargo, la procuradora Cabello también tiene argumentos jurídicos. Impulsora, junto con el entonces presidente Iván Duque, de una reforma al Código Disciplinario, que aquí criticamos ampliamente en su momento por no cumplir con la sentencia de la Corte IDH, Cabello tuvo un éxito reciente en la Corte Constitucional. Palabras más, palabras menos, el tribunal constitucional dijo que la sentencia de la Corte IDH no se puede aplicar tal cual en el ordenamiento colombiano y se debe armonizar. Entonces, permitió que la Procuraduría siga suspendiendo funcionarios siempre y cuando eso pase por control del Consejo de Estado. Esa última entidad, por cierto, tiene desacuerdos internos, pues algunos consejeros consideran que la Corte Constitucional se equivocó al no acatar la sentencia de la Corte IDH. Lo dicho: estamos en un desastre institucional.
Esa diferencia entre la normativa interna e internacional surgió, por cierto, desde la Constitución del 91. A pesar de que la Convención Americana ya estaba en vigor, los constituyentes consideraron que Colombia necesitaba una Procuraduría con superpoderes. Entonces, hay que tener cuidado con los discursos que quieren sacar réditos políticos de una crisis institucional con muchas complejidades.
Eso nos lleva a los dos protagonistas del escándalo actual. La procuradora Cabello lleva interviniendo en política de manera más pública desde que el presidente Petro llegó al poder. Eso, como dijimos en un editorial pasado, es inaceptable. Es una obviedad decir que el presidente Petro también tiene en la mira las elecciones de octubre. Necesitaríamos un diálogo más productivo entre instituciones para solucionar el impasse, por ejemplo, construyendo y apoyando una reforma constitucional a la Procuraduría que no eluda la sentencia de la Corte IDH. Pero en el discurso público, queda la sensación de que ambos solo están concentrados en la campaña política.
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