En Atánquez, antiguo corregimiento de Valledupar y hoy jurisdicción del recién creado Resguardo Kankuamo, pasadas las 11 de la noche una granada fue detonada mientras un centenar de indígenas esperaban la llegada del año nuevo. Pese a que decenas de heridos fueron remitidos a diversos centros hospitalarios de Valledupar, debido a que no había un solo médico en la comunidad de Atánquez, la deficiente atención recibida indignó aún más a los líderes de la comunidad, que exigieron de parte de las autoridades investigaciones serias que permitan esclarecer lo ocurrido.
Lo primero que se supo de parte del puesto de Policía que colinda con el lugar en el que explotó la granada fue que se trataba de un atentado. Acto seguido, el comandante operativo de la Policía, general Orlando Páez, señaló que, tras realizar una visita al lugar, podía asegurar “que fue un accidente producto de la imprudencia de algún poblador”. Como no entró en detalles ni esperó una investigación seria sobre lo sucedido para lanzarla, tan difusa hipótesis ha despertado con razón toda suerte de dudas. Aunque el general Páez se aprestó a ofrecer una recompensa de $20 millones a quien dé información sobre el paradero del presunto criminal, quedó en el aire la idea de que bien puede pertenecer a la propia comunidad kankuama.
Los kankuamos han sido silenciosas víctimas de un conflicto que se ha ensañado con ellos y con otros grupos de indígenas. En tan sólo seis años, un total de 1.200 han sido asesinados y otro tanto han sido desplazados de sus ancestrales territorios. De la sola etnia kankuama, cerca de 300 miembros fueron ultimados en las dos últimas décadas. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Estado desde julio de 2004 adoptar, “sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de las comunidades que integran el pueblo indígena kankuamo”. Medidas que, como lo demuestra la tragedia en Atánquez, no se están cumpliendo.
Desde cuando los kankuamos decidieron retomar el camino de la reetnización para recuperar costumbres perdidas, se les ha tildado de oportunistas por exigir del Estado los territorios que tras la promulgación de la Constitución de 1991 les pertenecen por ser minoría, y la violencia contra ellos ha sido sistemática. Como ellos, otras etnias que no han logrado ni el mismo nivel de organización política ni igual visibilización, sufren los estragos de la guerra y la continua lucha con grupos de paramilitares y terratenientes del Cesar que se niegan a abandonar los territorios en disputa.
Cierto es que tras la desmovilización de los principales grupos paramilitares en la zona hubo una disminución importante en los asesinatos, pero los intereses por la tierra siguen intactos, nuevas “bandas emergentes” han aparecido en la zona y por lo tanto el riesgo para los kankuamos está lejos de haberse superado, como pretendió argumentar el Gobierno al solicitar el retiro de la medidas cautelares a comienzos del mes pasado. La casual cercanía entre esta solicitud y la explosión en Atánquez, mientras no exista una investigación contundente e imparcial, es otro motivo de sospecha frente a la hipótesis apresurada del accidente como una manera de poder sostener el argumento de que la amenaza ha desaparecido.
Lo sucedido el 31 de diciembre, cuya tragedia continúa ahora que muchos de los 85 heridos sufren terribles mutilaciones en sus cuerpos, no sólo no debe repetirse, sino que tendría que servir para abrir el debate frente a la resistencia que por más de dos décadas han ejercido las comunidades indígenas de la Sierra de Nevada de Santa Marta en defensa de sus culturas.
Por El Espectador
