Peras y manzanas

Ese mismo en el que el alcalde se ha escudado en peroratas públicas para, quizás, no cumplir el fallo que, injusta y desproporcionadamente, lo sacó de su cargo. Qué enredo. Vamos por partes.

Dijo ayer la Registraduría Nacional del Estado Civil que certificaba las firmas entregadas por una parte de la ciudadanía (o el pueblo, como dice el alcalde) para solicitar la revocatoria de su mandato. Superan el mínimo exigido por ley y, por ello, Gustavo Petro debe ser citado a las urnas nuevamente, a ver si los ciudadanos que él gobierna refrendan o no su gestión. El registrador, Carlos Ariel Sánchez, dice que a esa decisión no le caben recursos: esperamos entonces que muy pronto él mismo fije la fecha para que los ciudadanos acudan a votar la revocatoria.

Lo uno, pensamos, es la identidad de los votos en una eventual elección. Vaya prueba expedita la que le salió ahora el alcalde: ya no se trata de llenar la Plaza de Bolívar a punta de discursos, sino enfrentarse a un espejo que refleja mucho mejor la realidad: el voto. Lo más lógico es que esas futuras votaciones sean distorsionadas por efecto directo del fallo de la Procuraduría: lo desproporcionado y absurdo de la sanción fue capitalizado por el mismo Petro y supuso que una parte de la ciudadanía, más que con él, esté en contra de Alejandro Ordóñez.

Por favor, que este hecho no nos nuble la vista a la hora de votar esta revocatoria. No nos estarán convocando para decidir la justicia de la decisión en su contra, sino para decidir si ha cumplido con lo que prometió en su campaña o no. Los ciudadanos debe saber compartimentar los temas y entender que manzanas y peras, en este momento de la historia, no pueden mezclarse.

Lo otro es el enredo. Así como el registrador ya aclaró que, en caso de que la Procuraduría ratifique el fallo, no habrá elecciones, también es necesario entender que se abre una nueva estrategia política y jurídica para el mandatario. Uno que, así como sus discursos, podría generar confusiones graves en la concepción del respeto a la institucionalidad.

El movimiento que respalda al alcalde puede lograr, a través de un puñado de tutelas, o de solicitudes de recusaciones o de derechos de petición, dilatar la decisión del Ministerio Público hasta después de que los ciudadanos sean citados a las urnas. Así el alcalde tendría un as para mostrarle al procurador: la refrendación de su mandato. Su argumento de hoy vuelto realidad por partida doble. ¿Lo logrará? Ya veremos. Mucho trecho hay de aquí allá y, duele decirlo, este episodio se volvió un simple juego político que tiene como contendor a Alejandro Ordóñez en el otro lado del ring. Deplorable que, cerrando el año, a esto se reduzcan nuestras discusiones.

Como quien dice, entonces, ratificado en las urnas, Petro tendría un argumento más para desafiar una decisión que él considera (no sin algo de razón) una violación al mandato popular. Pero, de una vez le decimos, anticipándonos un poco a los hechos, que no se confunda. Que una cosa no se mezcla con la otra como por arte de birlibirloque. Y que termine esta cruzada en contra de la institucionalidad toda, que nada le hace bien a la democracia. Ya esta misma —por los canales correctos—, como dijimos en este espacio hace unos días, encontrará la forma de enmendar ese maltrecho camino que ha arado la Procuraduría.

Ese mismo en el que el alcalde se ha escudado en peroratas públicas para, quizás, no cumplir el fallo que, injusta y desproporcionadamente, lo sacó de su cargo. Qué enredo. Vamos por partes.

Dijo ayer la Registraduría Nacional del Estado Civil que certificaba las firmas entregadas por una parte de la ciudadanía (o el pueblo, como dice el alcalde) para solicitar la revocatoria de su mandato. Superan el mínimo exigido por ley y, por ello, Gustavo Petro debe ser citado a las urnas nuevamente, a ver si los ciudadanos que él gobierna refrendan o no su gestión. El registrador, Carlos Ariel Sánchez, dice que a esa decisión no le caben recursos: esperamos entonces que muy pronto él mismo fije la fecha para que los ciudadanos acudan a votar la revocatoria.

Lo uno, pensamos, es la identidad de los votos en una eventual elección. Vaya prueba expedita la que le salió ahora el alcalde: ya no se trata de llenar la Plaza de Bolívar a punta de discursos, sino enfrentarse a un espejo que refleja mucho mejor la realidad: el voto. Lo más lógico es que esas futuras votaciones sean distorsionadas por efecto directo del fallo de la Procuraduría: lo desproporcionado y absurdo de la sanción fue capitalizado por el mismo Petro y supuso que una parte de la ciudadanía, más que con él, esté en contra de Alejandro Ordóñez.

Por favor, que este hecho no nos nuble la vista a la hora de votar esta revocatoria. No nos estarán convocando para decidir la justicia de la decisión en su contra, sino para decidir si ha cumplido con lo que prometió en su campaña o no. Los ciudadanos debe saber compartimentar los temas y entender que manzanas y peras, en este momento de la historia, no pueden mezclarse.

Lo otro es el enredo. Así como el registrador ya aclaró que, en caso de que la Procuraduría ratifique el fallo, no habrá elecciones, también es necesario entender que se abre una nueva estrategia política y jurídica para el mandatario. Uno que, así como sus discursos, podría generar confusiones graves en la concepción del respeto a la institucionalidad.

El movimiento que respalda al alcalde puede lograr, a través de un puñado de tutelas, o de solicitudes de recusaciones o de derechos de petición, dilatar la decisión del Ministerio Público hasta después de que los ciudadanos sean citados a las urnas. Así el alcalde tendría un as para mostrarle al procurador: la refrendación de su mandato. Su argumento de hoy vuelto realidad por partida doble. ¿Lo logrará? Ya veremos. Mucho trecho hay de aquí allá y, duele decirlo, este episodio se volvió un simple juego político que tiene como contendor a Alejandro Ordóñez en el otro lado del ring. Deplorable que, cerrando el año, a esto se reduzcan nuestras discusiones.

Como quien dice, entonces, ratificado en las urnas, Petro tendría un argumento más para desafiar una decisión que él considera (no sin algo de razón) una violación al mandato popular. Pero, de una vez le decimos, anticipándonos un poco a los hechos, que no se confunda. Que una cosa no se mezcla con la otra como por arte de birlibirloque. Y que termine esta cruzada en contra de la institucionalidad toda, que nada le hace bien a la democracia. Ya esta misma —por los canales correctos—, como dijimos en este espacio hace unos días, encontrará la forma de enmendar ese maltrecho camino que ha arado la Procuraduría.