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El atentado contra el periodista de Caracol Radio Gustavo Chica y su esposa, en San José del Guaviare, muestra no solo la dificultad de ejercer la libertad de prensa en las regiones con fuerte presencia de grupos criminales, sino el hecho de que las autoridades están fallando en proteger a sus ciudadanos. Aunque la acción de la Policía llevó a la rápida captura de dos personas, al parecer directamente implicadas en el crimen, el contexto de violencia requiere medidas mucho más contundentes, al tiempo que se defiende la importante labor del periodismo.
El ataque ocurrió el sábado pasado en la noche, en San José del Guaviare, capital del departamento. Hombres abrieron fuego contra el periodista y su esposa, aunque por fortuna los disparos no fueron mortales. Sin embargo, se trata, tristemente, de una tragedia anunciada. Los periodistas de Guaviare Estéreo y Caracol Radio recibieron múltiples amenazas del grupo armado Renacer ERPAC, disidencia de las FARC. De hecho, una de las versiones que se ha dado a conocer es que el atentado ocurrió bajo órdenes de un cabecilla criminal identificado como alias “Andresito”, actualmente condenado y privado de la libertad. Chica, por cierto, tenía medidas de la Unidad Nacional de Protección, que evidentemente no fueron suficientes.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que “atacar a los medios de comunicación es intentar silenciar la verdad y golpear la democracia. Nuestra solidaridad con las victimas, sus familias y todo el equipo de Guaviare Estéreo”. Por su parte, el gobernador de Guaviare, Yeison Rojas, repudió el ataque y señaló que “la libertad de prensa es un pilar fundamental de nuestra democracia y no puede ser silenciada por la violencia”. Caracol Radio y Prisa Media pidieron al Estado “revisar e incrementar las medidas de protección para los periodistas de la región, así como acciones inmediatas de la Fiscalía y la Policía que aclaren el origen de este atentado”. Sobre lo último, como mencionamos, ya hay resultados con la captura de los dos directos involucrados. Queda, sin embargo, el sinsabor de sentir que la amenaza no ha pasado.
Justo ayer el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, aceptó en entrevista con El Tiempo que Guaviare está bajo ataque. “La situación en el departamento de Guaviare refleja la complejidad del entorno operacional en esa región. En las últimas semanas se han registrado hechos de alto impacto, como el confinamiento de comunidades en varios municipios y, más recientemente, el hallazgo de una fosa común en zona rural del municipio de Calamar”, explicó. Aunque también mencionó que el Ejército y la Policía están tomando todas las medidas necesarias, el miedo y la desazón parecen ser la constante entre las personas en el departamento.
Buscar silenciar a los periodistas muestra que hay un interés de los grupos criminales por imponer su poder en la impunidad. Que haya atentados también demuestra que no les temen a las autoridades ni a la fuerza del Estado. Ante eso, los periodistas de la región solo tienen su voz, por lo que es más importante aún que haya una protección reforzada. Siempre que hay un atentado como el que vimos hay dos objetivos: uno directo, contra el periodista afectado, pero otro terrorista, que pretende sembrar terror para que la autocensura sea la ley. No podemos permitir que eso ocurra.
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