Piedad y la polarización

NO ALCANZÓ A HACERSE PÚBLIca la destitución e inhabilidad de la senadora liberal Piedad Córdoba cuando ya estaban formados aliados y enemigos. Reproduciendo la radical polarización de años pasados, unos y otros se desbocaron. En radio y periódico se escuchó denunciar tanto la irrelevancia de las pruebas ante la certidumbre de la culpa como la inocencia de la senadora a pesar de la evidencia. Unos aseguran que los computadores de Raúl Reyes no son confiables, que Bernardo Moreno y Luis Carlos Restrepo colaboraron en un plan de montaje y que la decisión del procurador Ordóñez es una ofensiva contra la paz. Los otros, respondiendo con el mismo ímpetu, afirman que no celebrar tal sanción es aprobar el accionar de la guerrilla, justificar su uso de la fuerza y ser cómplice de sus actos de terror. Además, como si tal segmentación no fuera suficiente, el Procurador, en lugar de argumentar la necesidad de su decisión, sigue insistiendo en que ambos bandos tienen que caer, en que “ambos ojos tienen que llorar”.

El caso de Piedad Córdoba tiene sin duda varios matices, pero por secuestrados que haya ayudado, la farcpolítica también es investigable y, hacerlo, no es darle un golpe a la oposición. Los crímenes no varían según la filiación política. Sin embargo, no hay tal cosa como delito de opinión y ser simpatizante de las Farc no es un crimen. Son varios los caminos para apaciguar el conflicto y la salida negociada es uno de ellos. Es más, según lo evidencia la historia, es el único camino que podrá darles fin a cinco décadas de combates. Ninguna guerrilla en el mundo ha sido acabada por medio de la fuerza aunque ésta haya sido necesaria. Hacen bien, entonces, lo que avanzan por este camino y deberían contar por ello con todas las garantías. Pero esto, por supuesto, no autoriza a convertir la mediación en una ayuda.

Manejar con cuidado las dos caras del asunto es el único equilibrio que deben tener los funcionarios encargados de juzgar el caso. Es irrelevante que hayan sido tantos los procesados o no procesados por parapolítica. Las cuentas aquí no tienen cabida. No se es menos culpable porque otros hayan sido absueltos. Claro que la impunidad debe estar en el ojo de la opinión pública y, más aún, de los funcionarios, pero ni unos ni otros pueden justificar ni descalificar un proceso por razón de antecedentes paralelos. Aunque el panorama completo no debe perderse, es fundamental mantener la crítica y la defensa en el caso concreto. De lo contario, todo el proceso podrá oscurecerse y no se sabrá si Piedad Córdoba fue absuelta porque fue éste el Procurador que adelantó el caso o si quedará inhabilitada por la mima razón. El que se tiene entre manos es un asunto demasiado delicado para dejar perderlo en impopularidades y ruido.

Así las cosas, cabe mantener la calma y el foco y pedirle a la Procuraduría, ahora, y a la Corte Suprema, próximamente, que en tan polémico caso se esfuercen en hacer transparentes sus procesos y en abstenerse si llega a ser que la evidencia no es contundente. No es muy claro por qué la Procuraduría cerró una investigación con las mismas pruebas de la Corte, pero independientemente de la negligencia de una o del exceso de la otra, es importante que se sintonicen y se comprometan con su tarea. No es labor de la opinión pública abogar por la inocencia o culpabilidad de la senadora Piedad Córdoba por simpatía u oposición. Sin embargo, sí es labor de los entes de control y de los organismos de la justicia llevar procesos tan cuidadosos y transparentes que sus fallos no den lugar a tan innecesarias y polarizantes controversias.