Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La legitimidad de la Fiscalía sufre otro golpe con la decisión sobre David Zuluaga Martínez, hijo del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Quedamos, una vez más, en una extraña situación: con una persona condenada por delitos realizados para favorecer a otros, pero con procesos judiciales que no dan con los determinadores. En el aire, entonces, persiste la sensación de que hubo decisiones con alta carga política hace siete años, o que las hay ahora. O incluso ambas. En todo caso, sufre la institucionalidad y la confianza de las personas en los administradores de justicia.
Es cierto que el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda afectó la aspiración presidencial de Óscar Iván Zuluaga. No era para menos. Se trataba del uso de mecanismos ilegales para obtener información que pudiese torpedear el proceso de paz que estaba en un momento muy frágil. Una y otra vez, incluso en entrevista con El Espectador, Sepúlveda aceptó que su labor era torpedear los diálogos, afectar la campaña del entonces presidente Juan Manuel Santos y darle ventaja al candidato del Centro Democrático. Por estos hechos y su confesión, Sepúlveda fue condenado.
Sin embargo, varios años después, la Fiscalía de Francisco Barbosa decidió archivar la investigación contra David Zuluaga Martínez, quien había sido implicado en los hechos. Con esto reviven las aspiraciones presidenciales de su padre y retoma fuerza la idea de que ocurrió un montaje. Aunque la realidad es más compleja, es difícil no sentir que el actuar de la Fiscalía, tanto entonces como ahora, tiene tintes políticos.
El caso contra Zuluaga Martínez se cae porque Sepúlveda se rehúsa a ser testigo. Su silencio es extraño después de haber hecho rueda de medios y él mismo haber aceptado su responsabilidad, incluso solicitando entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En documento publicado por Daniel Coronell se lee que la Fiscalía llegó a una ambivalente conclusión: “Resulta claro que en el comportamiento del señor David Zuluaga Martínez, pese a que exista duda de su actuar y se logra desvirtuar su presunción de inocencia, no existen suficientes elementos materiales probatorios que comprometan su actuar”. Es decir, hay sospechas, pero no tenían cómo probarlo sin el testimonio del hacker.
La reflexión a la que nos invita este caso necesariamente trasciende la coyuntura de los Zuluaga. No es la primera vez que la Fiscalía interviene en el ámbito político. Sus decisiones, que deberían ser intachables, siembran dudas y los procesos se estancan. La cercanía de los fiscales con el presidente de turno, que se empeoró desde el desastre institucional de la reelección presidencial, es una constante fuente de desconfianza. ¿Cómo podemos garantizar autonomía y legitimidad? Para empezar, habría que modificar los plazos de los entes de control. Esa es una reforma mucho más importante que las aprobadas recientemente por el Congreso.
Con cualquier interpretación de lo ocurrido con Zuluaga pierde el país. O las elecciones de 2014 fueron saboteadas por un montaje terrible, o ahora las elecciones del 2022 se ven impulsadas por la indulgencia del ente acusador, o ambas cosas son ciertas. En todo caso, la democracia se desdibuja y de por medio quedan los ciudadanos y sus derechos.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
