Ya antes el ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, arremetió contra el tráfico de droga por vía aérea que transita por territorio venezolano. “Nos preocupa —sostuvo— que exista la posibilidad de casi un tráfico libre de aeronaves por territorio venezolano a Centro América”. Tan grave acusación ha podido hacerla la Cancillería y sin acudir al bombo mediático que, inevitablemente, generó la destemplada reacción del primer mandatario venezolano.
Si el trasfondo de la denuncia del ministro Silva era la de justificar —ante la opinión pública, ya que no ante el Congreso— la presencia de la ayuda militar estadounidense en cercanías con Venezuela, ha sido una salida en falso. No para calificarla con insultos como ha aprovechado para hacerlo el presidente venezolano, claro está. Pero las ya turbias relaciones con el país vecino impactan negativamente la economía nacional y la que más se resiente con cada nuevo acaloramiento mediático es la población limítrofe.
Pescando en río revuelto, el gobernador de Táchira, César Pérez Vivas, aprovechó el lamentable episodio de la matanza para romper su silencio. Alertó frente a la presencia de campamentos de irregulares y sostuvo que “mientras (esos lugares) están despejados de la Fuerza Armada venezolana, eso está tomado por ese grupo armado de origen colombiano que está ubicado allí con el pleno conocimiento del gobierno nacional”. Una afirmación que ha debido hacerse antes y con pruebas en mano y que, de cualquier manera, debe evaluarse en el contexto político de quien pertenece al partido opositor Socialcristiano Copei.
En rápida reacción, Venezuela le entregó una nota de protesta a la Cancillería colombiana por la supuesta presencia de funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en territorio venezolano. Se les acusa de “labores de espionaje” e “intentos de soborno” en relación con “un gran plan de conspiración y desestabilización”. Los documentos decomisados por lo pronto nadie los conoce y todo parece más un obsoleto guión de la Guerra Fría, por mucho que algunas personas hayan sido arrestadas y exista quienes discuten la presencia de agentes al servicio de la DEA y la CIA disfrazados de vendedores ambulantes.
Entre tanto, nadie da razones de la matanza. Pudo haber sido el Eln, pero también los paramilitares. Hay una hipótesis sobre la presunta responsabilidad de un grupo subversivo venezolano, y otra acerca de una venganza motivada por un atraco. No hemos acabado de procesar lo ambiguo de la información cuando ya se habla de otra masacre. Una en la que habrían sido asesinados por asfixia cinco colombianos y un venezolano, posiblemente ocurrida el pasado mes de agosto.
Ante tan oscuro panorama, los gobiernos harían bien en intentar descifrar lo que está ocurriendo y volcar todos sus esfuerzos a la recuperación de la zona de frontera. La región del Catatumbo, que colinda en el norte y oriente con los estados de Zulia, Táchira y Apure en Venezuela, es epicentro de actividades de contrabando, tráfico y cultivo de drogas ilícitas. Un corredor estratégico de grupos armados ilegales que lo mismo delinquen acá, en Colombia, que allá, en Venezuela.
Pretender que el vecino país deba ocuparse enteramente de la vigilancia del crimen organizado que emana del país, o retomar el debate de la benevolencia de Hugo Chávez con los grupos armados no le pondrá fin a las escabrosas matanzas. Por difícil que resulte mantenerla, ese es el camino del que no se debería salir nunca más la relación. Volver a la gritería solamente empeoraría las cosas. Las zonas de frontera exigen cooperación. Y el comercio mucho más.
Por El Espectador
