Plan de choque: ruido al ruido

Era inevitable que en un revolcón institucional de esta magnitud los capitales se retrajeran. El problema que el Gobierno tiene hoy entre mano y mano es que la desaceleración económica, que en principio debería amortiguarse entre todos, no golpeó por igual: la revaluación del peso volcó violentamente la carga hacia el sector industrial y terminó de magullar al ya malherido sector agropecuario. Si bien el desempleo no ha aumentado, no hay duda de que las presiones son justificadas.

Lo que no es justificado es la incoherencia con la que el Gobierno busca conjurar la crisis: entre paros y subsidios, esta semana anunció un disperso “plan de choque” para rescatar al agro y a la industria. Aunque apenas el 15 de abril conoceremos los detalles, es difícil ver el norte de esta reacción, entre otras cosas porque, como lo reconoció el ministro Cárdenas, “la revaluación es la madre de todos los problemas” y ante ella es poco lo que puede hacer el país. Así bien, si no se puede frenar, lo único que queda por hacer es reducir los costos de los sectores para que puedan competir. Lo que significa, de cualquier forma, un retiro de las cuentas nacionales, y es aquí que se le pide al Gobierno que sea más claro con su mensaje.

Una petición que tiene especial sentido cuando se espera que la reforma tributaria deje con problemas temporales de caja al Ejecutivo. Sin duda, se hizo bien al desmontar los parafiscales y aliviar así los costos laborales; para compensar los ingresos se creó el Cree. Este nuevo impuesto a la renta es más sólido, tiene menos exenciones que el anterior y es en general más alto. El objetivo, acertado, es gravar menos a sectores intensivos en mano de obra y más a sectores intensivos en capital, como el minero y el financiero. El problema hoy, sin embargo, es que mientras los parafiscales se recaudaban mensualmente, el Cree no se recauda sino hasta en marzo del próximo año. Con la desaceleración de la economía, y el cambio en la tributación, es posible que el Gobierno recaude este año un punto menos del PIB. ¿Con qué dinero, entonces, se va a rescatar al agro y a la industria?

Esta pregunta es importante, no sólo porque aumentar la deuda implica presiones inflacionarias, TES más caros y señales arriesgadas a los mercados internacionales, sino también porque cuando los sectores efectivamente están en aprietos lo más justo es ser honestos con el panorama al que se enfrentan.

No se trata de entretener a la opinión pública con señales de acción difusas como la agilización de las devoluciones de la DIAN, cuando se sabe que la implementación del sistema electrónico tardará años en consolidarse, o con solo llamados de atención a los bancos porque no responden a la caída de la tasa de interés del Banco Central. De lo que se trata es de poner sobre la mesa lo que se puede hacer, adelantar medidas concretas y transparentes, y dejar de desorientar al país con discursos inconexos e improvisados que, si se llegaran a cumplir, igual no solucionarían el problema.

Era inevitable que en un revolcón institucional de esta magnitud los capitales se retrajeran. El problema que el Gobierno tiene hoy entre mano y mano es que la desaceleración económica, que en principio debería amortiguarse entre todos, no golpeó por igual: la revaluación del peso volcó violentamente la carga hacia el sector industrial y terminó de magullar al ya malherido sector agropecuario. Si bien el desempleo no ha aumentado, no hay duda de que las presiones son justificadas.

Lo que no es justificado es la incoherencia con la que el Gobierno busca conjurar la crisis: entre paros y subsidios, esta semana anunció un disperso “plan de choque” para rescatar al agro y a la industria. Aunque apenas el 15 de abril conoceremos los detalles, es difícil ver el norte de esta reacción, entre otras cosas porque, como lo reconoció el ministro Cárdenas, “la revaluación es la madre de todos los problemas” y ante ella es poco lo que puede hacer el país. Así bien, si no se puede frenar, lo único que queda por hacer es reducir los costos de los sectores para que puedan competir. Lo que significa, de cualquier forma, un retiro de las cuentas nacionales, y es aquí que se le pide al Gobierno que sea más claro con su mensaje.

Una petición que tiene especial sentido cuando se espera que la reforma tributaria deje con problemas temporales de caja al Ejecutivo. Sin duda, se hizo bien al desmontar los parafiscales y aliviar así los costos laborales; para compensar los ingresos se creó el Cree. Este nuevo impuesto a la renta es más sólido, tiene menos exenciones que el anterior y es en general más alto. El objetivo, acertado, es gravar menos a sectores intensivos en mano de obra y más a sectores intensivos en capital, como el minero y el financiero. El problema hoy, sin embargo, es que mientras los parafiscales se recaudaban mensualmente, el Cree no se recauda sino hasta en marzo del próximo año. Con la desaceleración de la economía, y el cambio en la tributación, es posible que el Gobierno recaude este año un punto menos del PIB. ¿Con qué dinero, entonces, se va a rescatar al agro y a la industria?

Esta pregunta es importante, no sólo porque aumentar la deuda implica presiones inflacionarias, TES más caros y señales arriesgadas a los mercados internacionales, sino también porque cuando los sectores efectivamente están en aprietos lo más justo es ser honestos con el panorama al que se enfrentan.

No se trata de entretener a la opinión pública con señales de acción difusas como la agilización de las devoluciones de la DIAN, cuando se sabe que la implementación del sistema electrónico tardará años en consolidarse, o con solo llamados de atención a los bancos porque no responden a la caída de la tasa de interés del Banco Central. De lo que se trata es de poner sobre la mesa lo que se puede hacer, adelantar medidas concretas y transparentes, y dejar de desorientar al país con discursos inconexos e improvisados que, si se llegaran a cumplir, igual no solucionarían el problema.