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El odio sigue causando estragos en las poblaciones que han sido históricamente vulnerables. Lo que está ocurriendo en Polonia es un amargo recordatorio del tortuoso camino que han tenido que recorrer las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) para ver reconocidos sus derechos. El mundo entero (Colombia incluida, especialmente su clase política) debe posar su mirada sobre los efectos que causan los falsos discursos sobre la “ideología de género”.
Hace unas semanas, cerca de treinta pueblos y comunas polacas declararon, con orgullo cínico, estar “libres de personas LGBT”. No es la única manifestación reciente de odio hacia esta minoría discriminada, pues la política de ese país, uno de los peores en la Unión Europea en términos de inclusión, ha utilizado los prejuicios como fuego retórico para avivar sus campañas.
La semana pasada, como contó El Espectador, el Tribunal Regional de Varsovia ordenó al semanario Gazeta Polska, un importante medio nacional, la retirada provisional de unos adhesivos homófobos con una cruz negra sobre un arcoíris. Durante las elecciones europeas, Jaroslaw Kaczynski, líder de los conservadores nacionalistas en el poder y exministro del país, denunció a la comunidad LGBT, la teoría de género e incluso algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una “amenaza a la identidad, la nación y el Estado polaco”.
Lo preocupante es que los discursos tienen amplia aceptación entre las personas. En síntesis, sienten que la existencia de las personas LGBT es un ataque a las tradiciones de la sociedad, discurso que, por cierto, es compartido por muchos movimientos conservadores en el mundo y en Colombia.
Una de las peores características de los debates públicos de los últimos años en las democracias occidentales ha sido el que considera que el triunfo de las agendas a favor de los derechos LGBT es un atentado contra las libertades religiosas. Los proyectos que buscan atacar la avanzada de derechos generan, en la práctica, violencia.
En Polonia se estima que tres de cada cuatro personas LGBT han sido agredidas en algún momento. Además, el 90 % de estas agresiones nunca se denuncia porque el Gobierno no las incluye en la lista de “crímenes de odio”. Es una situación inaceptable.
Hablamos de extremos, sí, pero no sobra recordar que hasta hace pocos años la homosexualidad era criminalizada en la mayoría de los países del mundo. Solo en 1981, el Código Penal colombiano quitó la sodomía como delito. Solo en las últimas dos décadas hemos visto a la Constitución servir como punto de reconocimiento no solo de la existencia de las personas LGBT, sino de que merecen dignidad y los mismos derechos que los demás colombianos.
La lucha persiste. Ante tanta violencia, la única apuesta posible sigue siendo, nos parece, la empatía, el respeto y el encontrarnos en las diferencias. Los discursos polacos reciben ecos en Colombia y no podemos ignorarlos. No es momento de dar marcha atrás.
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Por El Espectador
