Esta semana, un congresista, expresidente él, ha vuelto a proponer que Colombia convoque a una consulta ciudadana para reafirmar que el único límite que se reconoce con Nicaragua es el Meridiano 82, algo sobre lo cual, para quienes se niegan a entenderlo, se pronunció la Corte Internacional de Justicia el 13 de diciembre de 2007. En esa fecha, el más alto tribunal de justicia mundial decidió, al resolver las excepciones preliminares que había presentado Colombia para retar la competencia de la Corte, que el Meridiano 82 no había sido pactado en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 como una frontera marítima.
El encargado de darle la noticia a los colombianos fue el mismo que hoy hace la popular propuesta, el entonces presidente Álvaro Uribe, quien en una alocución, en la cual estuvo acompañado por su canciller Fernando Araújo, se expresó con las siguientes palabras: “La Corte ha decidido llevar a la sentencia de fondo el tema del Meridiano 82 como límite marítimo, para en esa oportunidad tomar una decisión final sobre este aspecto. Colombia se encuentra debidamente preparada para defender ante la Corte estos intereses nacionales”.
Para defender esos intereses, el gobierno de la época modificó la composición del equipo jurídico internacional y ratificó como agente y coagente a los excancilleres Julio Londoño Paredes y Guillermo Fernández de Soto. Ese equipo, definido en 2008, llevó el proceso hasta su culminación y, de hecho, en la estrategia de defensa aprobada por el presidente de la República en 2009 —¿quién era?—, desapareció el Meridiano 82 y fue reemplazado por la teoría de la línea media.
La historia es clara. En uso de la facultad que Nicaragua y Colombia le habían concedido, de conformidad con los tratados vigentes, la Corte en su fallo de 19 de noviembre de 2012 creó una frontera marítima donde —a pesar de que los sentimientos nacionalistas digan lo contrario— no existía. Y más adelante la Corte Constitucional dijo que la forma de incorporar esa sentencia, de cumplimiento obligatorio para el país a la Constitución, era mediante la firma de un tratado.
Flaco favor le hacen, no al gobierno, sino al Estado y a los habitantes de las islas, aquellos que pretenden seguir dilatando una eventual negociación con Nicaragua. Con la participación de los raizales en la mesa, se podrán discutir y eventualmente lograr puntos favorables para los pescadores, la lucha contra las sustancias narcóticas y psicotrópicas y la protección de la reserva de la biosfera seaflower.
No se puede seguir promoviendo como norma general, ni del Estado ni de los particulares —ya lo decíamos ayer en este mismo espacio—, que las decisiones de los tribunales —nacionales o internacionales— solo se acatan cuando el fallo es favorable. Esta actitud puede llevar a graves perjuicios en otros procesos así como en nuestras relaciones y vínculos, sean ellos de índole bilateral o multilateral.