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Un día antes de las protestas que terminaron en el asedio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que las manifestaciones convocadas desde la Casa de Nariño y el Pacto Histórico no pretendían presionar a los magistrados. Extraña y tardía postura, pues desde días atrás la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) se había citado en las calles bajo lemas como “No más desinformación, no a la corrupción, elección de la nueva fiscal ya”, mientras otros movimientos acogían la invitación del presidente a salir a las calles a defender su mandato bajo la etiqueta #ElecciónFiscalYA. No solo el Gobierno y sus alfiles fueron promotores de esta convocatoria, que curiosamente se programó para el día en que había votación en la Corte y que siempre se supo que terminaría frente al Palacio de Justicia, sino que el discurso irresponsable de “ruptura institucional” llevó a las personas a desarrollar una profunda hostilidad hacia ellos. Que la Casa de Nariño quiera lavarse las manos después del desastre es una actitud reprochable.
Sí, cambiaron la convocatoria a último minuto, pero los efectos del discurso incendiario ya se habían materializado. Más de 1.500 personas no recibieron el memorando desde la Casa de Nariño y llegaron al Palacio de Justicia justo cuando los magistrados de la Corte estaban en ronda de votación para elegir a la nueva fiscal general de la nación. Luego, cuando se supo que no había humo blanco sobre quién llegará a la Fiscalía, pasó lo que vimos: disturbios, bloqueo al Palacio, temor en los magistrados, comunicados de las altas cortes, intervención del antiguo Esmad y un presidente diciendo que todo se trató de una infiltración y restándoles importancia a las preocupaciones de la Corte. ¿Qué podía salir mal citando a marchas el día de la elección de la nueva fiscal? Ya lo vimos.
Lo más dramático de este descalabro fue el comunicado que los magistrados se vieron forzados a publicar al día siguiente. La CSJ “condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad deben ser impulsadas y promovidas tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”. Palabras más, palabras menos: las marchas que supuestamente no eran para presionar a la Corte terminaron presionando a los magistrados.
Conocemos los argumentos en contra. Es cierto, como ha dicho el presidente Petro, que el fiscal Barbosa ha utilizado su posición para hacer campaña política y que ha utilizado el ente acusador para ser particularmente eficiente en las investigaciones en su contra y estratégicamente ineficiente con muchas otras. Sin embargo, no es cierto que un golpe de Estado sea inminente ni que la demora en la elección de fiscal sea un hecho atípico. La CSJ siempre se toma su tiempo, y eso está dentro de sus prerrogativas.
Por supuesto que las personas pueden marchar y dejar oír su voz. Y sí, también la Casa de Nariño puede impulsar a sus bases en busca de apoyo, pero es hora de que el presidente Petro recuerde la altura de su cargo y sea más responsable en cómo ejerce su poder de convocatoria. Por andar en peleas institucionales está incendiando con divisiones al país y en el entretanto se le está pasando el período de mandato.
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