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Ocho meses enteros tardaron el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá en lograr un acuerdo con los indígenas de la comunidad embera que estaban asentados en el Parque Nacional exigiendo un reconocimiento de sus derechos y del riesgo que estaban sufriendo en sus territorios. Durante esos ocho meses, 10 indígenas murieron, se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública, hubo una crisis sanitaria y de abastecimiento, y quedó en evidencia una incapacidad de dialogar de manera efectiva por parte de las autoridades. Ahora que se logró un acuerdo y empezó la reubicación de los indígenas, es necesaria la pregunta: ¿por qué tardamos tanto?
Ayer, el Distrito de Bogotá anunció que fueron trasladadas 583 personas indígenas que estaban en el Parque Nacional. Con eso se procedió al desmantelamiento de 46 cambuches y a terminar los apoyos que la Alcaldía brindó para garantizar higiene básica y alimentación. Los indígenas de la comunidad embera aceptaron movilizarse de manera voluntaria a hogares de paso seleccionados por ellos, en concertación con el Distrito, en vísperas de que el Gobierno Nacional y la Unidad Nacional para las Víctimas cumplan su promesa de llevarlos de manera segura a sus territorios de origen. Para aquellos que decidan quedarse en Bogotá, la administración de Claudia López prometió apoyo para su reorganización y acompañamiento psicosocial.
Después de meses de estancamiento, las autoridades nacionales y distritales pudieron sentarse a conversar con los representantes de la población indígena que se asentó en la capital. El hecho de que hayan resistido tantos meses en condiciones indignas muestra el desespero que los trajo hasta Bogotá y los riesgos que están enfrentando en sus territorios de origen. El diálogo fue, en particular, entre el Gobierno Nacional y la comunidad, pues la Alcaldía, que siempre hizo presencia, no tenía la potestad de garantizar intervenciones por fuera de la capital. Al final, la promesa de siempre: que habrá seguridad garantizada en todo el territorio nacional y que la Unidad de Víctimas hará un acompañamiento. También se habló de apoyo económico para financiar proyectos productivos y alternativas de vivienda acordes con las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas.
El gran interrogante es si será suficiente. Ya el corazón del cumplimiento dependerá del próximo gobierno, que llegará a la Casa de Nariño en medio de una violencia que se recrudece, promesas históricamente ignoradas y con un Clan del Golfo que demostró su temible poderío. La crisis que llevó a las comunidades indígenas a la capital no es nueva y, sin embargo, no por eso deja de ser urgente.
Celebramos que, durante estos meses, Bogotá se convirtiera en un espacio de acompañamiento a las comunidades indígenas, pero las personas fallecidas y las quejas expresadas muestran lo mucho que nos falta para garantizar la dignidad de todos los colombianos. Ahora que empezó el proceso de retorno a sus hogares, seguimos con la deuda de garantizar protección en toda Colombia.
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