Es extraña la premura de la mesa directiva del Congreso con las postulaciones para el cargo de contralor general de la República. La elección hace cuatro años del actual contralor, Carlos Felipe Córdoba, llevó a una expansión burocrática de la entidad de control fiscal y a un actuar muy cercano al Gobierno que ha continuado el deterioro ante la opinión pública de la legitimidad de las distintas “ías”. Que ahora se agilicen los tiempos para encontrar su reemplazo, sin siquiera conocer el resultado de las elecciones del próximo 13 de marzo, deja un mal sabor de boca y sigue fomentando de manera innecesaria la polarización.
El país está en mora de repensar el rol de las “ías” y sus mecanismos de elección, puesto que han funcionado más como actores políticos que como entes de control que den confianza a los colombianos. No obstante, en su concepción actual, el rol de órganos como la Contraloría es claro: servir para que el Congreso pueda nombrar a una persona idónea e independiente del Ejecutivo y de las otras ramas del poder para hacer vigilancia fiscal. Por eso, cualquier interés por influir en la elección despierta suspicacias.
La situación es la siguiente: Juan Diego Gómez, presidente del Senado y otrora famoso por sus confrontaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empezó el proceso de selección de candidatos a la Contraloría por lo menos cuatro meses antes de lo que se acostumbra hacer cada cuatro años. Como escribió el experto constitucionalista Héctor Riveros en La Silla Vacía, el Congreso que eligió a Córdoba “quiere atribuirse la parte definitiva de la elección del sucesor, quizás previendo que las mayorías congresionales en el próximo período sean muy distintas a las del actual período y que eventualmente se elija a un presidente totalmente opuesto al actual Gobierno y su coalición”. De ser cierta, esa sería una consideración inaceptable en un proceso tan importante para el país.
El senador Gómez ha dicho que las sospechas son injustificadas pues “se convocará una comisión pluripartidista, de Senado y Cámara, en la que participarán todas las expresiones políticas del país, quienes adelantarán una lista de diez integrantes para que el nuevo Congreso, que llega el 20 de julio, elija al nuevo contralor”. Sin embargo, el afán es innecesario. ¿Por qué no esperar, por ejemplo, a ver cómo quedará configurado el Poder Legislativo que se elegirá en unas cuantas semanas? ¿No debería la voluntad popular, que claramente se expresará en las urnas, alimentar la selección de los candidatos que tengan chances de ser elegidos a la Contraloría?
Las instituciones necesitan comprender que la legitimidad se construye en un diálogo constante con la ciudadanía. En ese propósito, las formas son esenciales. El cómo se seleccionan los candidatos a la Contraloría, así como el cuándo, determinará que el sucesor de Córdoba tenga la oportunidad de hacer una labor que ayude en la construcción de tejido social y, claro, fortalezca la democracia. No hay motivos para el afán ni para ayudar a la desconfianza, menos en época electoral.
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