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Le queda muy mal al ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzar frases que llevan a presionar a la Corte Constitucional y a estigmatizar decisiones que no ha tomado. Mientras el alto tribunal se prepara para fallar sobre los decretos de conmoción interior, sus consideraciones necesitan ser jurídicas, ajustadas a la Constitución y, sobre todo, basadas en si el Gobierno nacional justificó adecuadamente la declaratoria y si ha utilizado de manera apropiada sus poderes. Por ser una herramienta extraordinaria, que permite al Ejecutivo tomarse atribuciones que por separación de poderes no puede tener, lo que decida la Corte Constitucional es esencial. No puede la Casa de Nariño buscar influenciar a través de poco veladas amenazas.
El ministro del Interior fue poco sutil. “Si se llega a caer la conmoción interior sería un espaldarazo al ELN”, dijo. Según su justificación, esto se debe a que “la arremetida (de la guerrilla) que se vendría sería fatal y nefasta. Lo que habría (serían) chorros y horrores de sangre, porque el ELN arremetería completamente”. El subtexto es que la Corte Constitucional estaría apoyando a la guerrilla si toma una decisión en contra del actuar del Gobierno nacional. Esa insinuación merece todo el rechazo y continúa la nefasta tradición, a veces practicada por el mismo presidente de la República, de presionar a los jueces con estigmatización. Tenemos que ser claros: lo que hizo el ministro del Interior es una burda manipulación del debate público.
En su momento apoyamos la convocatoria a conmoción interior. Nos parece que el Gobierno tiene razón en que nos encontramos ante una arremetida extraordinaria que tomó al Estado sin capacidades suficientes para responder. Sin embargo, también comprendemos que el debate jurídico está lejos de ser sencillo. Recibimos muchas respuestas de críticos razonables que consideran que el Ejecutivo no puede pedir funciones de excepción para llenar un vacío que no ha querido suplir durante décadas. El mismo Gobierno de Gustavo Petro tiene como lastre su incapacidad para avanzar en los procesos de paz y el deterioro de la seguridad en las zonas de conflicto.
Entonces, si la Corte Constitucional encuentra suficientes razones para negar la conmoción interior o cuestionar los decretos de emergencia, está en su obligación de hacerlo. Para eso existe la división de poderes. Nuestra Constitución fue consciente de que Colombia ha sido gobernada en estados de excepción que se prestaron para abusos y por eso buscó controlarlos. Los magistrados son los llamados a salvaguardar nuestra Carta. Eso, en ninguna circunstancia, puede entenderse como un “espaldarazo al ELN”. Ese tipo de argumentos burdos pueden caracterizar la manera de hacer política del ministro del Interior, ¿pero es la manera en que el gobierno del cambio desea aproximarse a la rama Judicial?
Si el ELN puede sembrar horror es porque el Gobierno no ha hecho lo suficiente para contrarrestarlo y porque su proceso de paz se estrelló. El mismo presidente Petro dijo en campaña que, en caso de ser mandatario, sería fácil y cuestión de meses firmar un acuerdo con la guerrilla. Su mal cálculo tiene al país en medio de una crisis de seguridad en las zonas de conflicto. Apoyamos la conmoción interior, pero no que se pretenda estigmatizar a los jueces que la estudian.
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