El anuncio del Gobierno de un inminente retorno a la aspersión aérea con glifosato parece más una decisión desesperada y contraproducente que una medida ponderada. La noticia ha generado justificados reparos, empezando porque está pendiente una decisión de la Corte Constitucional para determinar si hay certezas sobre los riesgos del herbicida para la salud. Este es uno de los requisitos para poder reanudar la aspersión, suspendida por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que catalogó la sustancia como potencialmente cancerígena.
El presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se refirieron esta semana a la necesidad de volver al glifosato. Botero aseguró que el Gobierno ya tiene listos los seis protocolos que exigió la Corte Constitucional para la reanudación de este tipo de fumigación y que el necesario visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes es “cuestión de semanas”. Se retomaría el uso del herbicida tan pronto como julio de este año.
También afirmó que el principio de precaución por el que se suspendió el glifosato se resuelve porque los agricultores ya usan elementos de protección contra herbicidas “en condiciones normales” y porque “los equipos que se usan hoy (…) han venido mejorando”.
Estas explicaciones no solo son insuficientes, sino que chocan por su ligereza, pretenden minimizar los riesgos y no resuelven las dudas sobre posibles efectos nocivos del glifosato en las personas y el ambiente.
En medio del debate está la presión de Estados Unidos y sus cuestionamientos al gobierno Duque ante el excesivo crecimiento de los cultivos de coca en Colombia, que pasaron de casi 48.000 hectáreas en 2013 a cerca de 220.000 en la actualidad. Aunque compartimos esta preocupación, no es menos alarmante que la estrategia del Gobierno sea volver al glifosato a como dé lugar, pasando por encima del principio de precaución, sin argumentos convincentes ni mucho menos una concertación con las comunidades que se verían afectadas. El debate sigue abierto no solo en la Corte Constitucional, y el país no se va a conformar con los débiles argumentos que hasta ahora se han dado.
¿No es contradictorio, además, que el mismo presidente Duque haya resaltado hace unos días las cifras nada despreciables de su administración en materia de erradicación de cultivos ilícitos, logros alcanzados sin necesidad de la aspersión del herbicida?
En el pasado las aspersiones han servido como excusa para que los gobiernos no elaboren planes integrales para enfrentar los cultivos ilícitos y resolver los problemas estructurales que están en la raíz del narcotráfico. Además, como lo hemos señalado hasta el cansancio en este espacio, otro gran problema con las fumigaciones aéreas es que perpetúan la enemistad entre poblaciones ya de por sí vulnerables y un Estado lejano e incapaz de ofrecerles alternativas a los cultivos ilícitos.
Fumigar porque sí y a las malas no puede ser la solución. El Gobierno debería enfocarse en construir relaciones de confianza entre el Estado y las comunidades. Es la única manera de abandonar el círculo vicioso de esta guerra perdida contra el narcotráfico.
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