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Algo huele mal en los contratos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Como si hicieran falta más argumentos para pedir una reforma estructural de la entidad, una investigación de La Silla Vacía muestra los cientos de miles de millones que se gastaron con fines opacos y explicaciones aún más enrevesadas. La Contraloría ya anunció la apertura de indagatoria, pero es necesario que pronto le cuente al país qué fue lo que ocurrió. Nos parece evidente que permitir que los políticos tomen decisiones electorales sin ningún tipo de contrapeso y supervisión es una pésima fórmula para la democracia colombiana.
La investigación de La Silla Vacía observa los gastos de los magistrados que serán reemplazados este 1° de septiembre. En particular, se concentra en COP 529.000 millones que se gastaron en la capacitación y acreditación de los testigos electorales. Si la cifra suena desorbitada, es porque lo es: el mismo trabajo en 2022 fue realizado por la Registraduría con un costo de alrededor de COP 9.000 millones. ¿Está justificado el incremento?
Los magistrados del CNE han dado respuestas evasivas, así como las firmas privadas involucradas. Por una herramienta web de capacidad para seis millones de actores electorales en los comicios del Congreso y la primera vuelta presidencial se pagaron COP 76.866 millones, pero al final solo se inscribieron un millón de testigos para el Congreso y muchos menos para la primera vuelta. Luego, en segunda vuelta, a pesar de pedir capacidad mucho menor (508.000 actores electorales), el CNE pagó COP 38.406 millones. Un platal.
No es lo único. Por ciberseguridad para esa herramienta pagaron COP 51.872 millones. Por 243.000 cartillas en primera vuelta pagaron COP 38.000 millones, por 119.342 cartillas en segunda vuelta pagaron COP 19.000 millones y para una capacitación de actores electorales, COP 38.433 millones. Los colegas de “La Silla Vacía” hicieron cotizaciones por su cuenta en cada uno de estos rubros y encontraron que el CNE pagó muchísimo más de lo que ofrece el mercado. ¿Por qué?
El problema tiene raíces profundas y va mucho más allá de esta denuncia particular. El CNE está en una crisis de legitimidad, exacerbada por la manera en que llevó a cabo las investigaciones contra el gobierno del entonces presidente, Gustavo Petro. En la historia de la entidad se ha visto cómo los intereses políticos guían decisiones que luego buscan ser justificadas en el marco de la legalidad. Así no puede funcionar un órgano que tiene tantas potestades sobre cómo se llevan a cabo las elecciones en Colombia. La representación de los partidos políticos se pensó con el objetivo de dar garantías, pero ya hemos visto cómo en la práctica se han formado mayorías que se movilizan para excluir a los demás. Es hora de una reforma estructural.
El gobierno anterior intentó promover una reforma política que terminó enterrada, como tantas otras que han corrido la misma suerte en el Congreso. Un reto importante para el gobierno de Abelardo de la Espriella será volver a insistir e incluir un debate amplio en torno al rol del CNE. Desde la sociedad civil han surgido propuestas para devolverle la legitimidad al órgano electoral, algo que beneficiaría a todos los involucrados en nuestra democracia. Es momento de escucharla. Mientras tanto, la Contraloría no puede olvidar que algo huele mal y que los colombianos tenemos preguntas que necesitan respuestas.
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