Siempre fue extraño que el presidente Gustavo Petro respondiera con hostilidad ante denuncias a personas cercanas a su círculo. Lo vimos en varias ocasiones, pero quizás nunca tan obvio como lo ocurrido con Juliana Guerrero. Una investigación de la revista Semana publicó pruebas de cómo ella y su hermana, Verónica Guerrero, recibieron dineros con el objetivo de tramitar contratos públicos dada la influencia de ambas en varias entidades del Estado. Vienen a la memoria las escandalosas declaraciones de Angie Rodríguez, todavía directora del Fondo de Adaptación, después de las cuales solo hubo silencio en la Casa de Nariño. Queda la sensación de que apenas estamos viendo la punta del iceberg de actuaciones profundamente cuestionables.
Cuando Juliana Guerrero fue propuesta como viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad, la ahora senadora Jennifer Pedraza denunció que se presentaron títulos falsos para permitir esa contratación. La respuesta del presidente y sus aliados fue de una hostilidad sospechosa. No solo agredieron a Pedraza, a quien acusaron de estar obsesionada con Guerrero, sino que de cara al país el presidente Petro sugirió que los medios estaban inventándose un escándalo para cercenar el futuro de una “joven rebelde”. Lo que hablamos: la táctica de atrincherarse ante la crítica, ver una conspiración en cualquier vigilancia externa y acusar de persecución a quienes se atreven a investigar al Gobierno.
Mucha agua ha corrido bajo el río desde ese momento. El próximo 5 de agosto está programada una audiencia en la que la Fiscalía acusará a Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Según el ente investigador, en efecto hubo fraude en la expedición del título profesional que presentó Guerrero ante la función pública. Esa será, sin embargo, la menor de sus preocupaciones, ahora que la revista Semana mostró contundentes evidencias de un entramado de corrupción que parece haber sido mediado por las hermanas Guerrero.
En los chats se habla del cobro de 10 % del valor de cada proyecto adjudicado a través del trámite de las Guerrero, así como de la consignación de cientos de millones de pesos en sus cuentas personales. El empresario que prendió las alarmas claramente está involucrado en el delito y molesto porque el trámite no pudo llegar a su objetivo criminal. Queda la duda de por qué, durante tanto tiempo, las Guerrero tuvieron cercanía en el gobierno. En abril de este año, Angie Rodríguez había dicho que “el poder lo tiene Juliana Guerrero, aunque no tiene cargo” y advirtió que ella ya le había contado al presidente de los títulos falsos. En aquel momento, el mandatario resumió el escándalo en un rumor sobre su vida sentimental. Ahora, presidente, ¿no será momento de recapacitar sobre lo que ocurría debajo de sus narices?
La respuesta del mandatario a la investigación fue decepcionante. Usualmente agresivo cuando recibe denuncias sobre corrupción de sus opositores, el mensaje que publicó en su cuenta de X parecía casi una caricia. “Juliana y su hermana deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”, escribió. Los chats que ha conocido la opinión pública no dejan entrever a personas que estaban siendo corrompidas, sino con total claridad de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué la ingenuidad presidencial? ¿Qué no nos está diciendo la Casa de Nariño?
Es urgente que la Fiscalía actúe. El país necesita respuestas lo más pronto posible. ¿Hasta dónde llegaron los tentáculos de esa red de influencia? ¿Qué dirán las involucradas, calladas hasta el cierre de esta edición?
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