¿Por qué no se callan?

Las acusaciones mutuas de mentirosos a lo largo de esta semana se han convertido en un espectáculo indigno. Una entrevista del presidente de la CSJ, Augusto Ibáñez, con la periodista Cecilia Orozco, publicada el pasado domingo en El Espectador, en la que aseguró que en las conversaciones con el presidente Uribe nunca se aceptó que el cambio de uno de los ternados allanaba el camino para el nombramiento del Fiscal, ha provocado ya, hasta la hora de escribir estas líneas, tres comunicados del Gobierno, varias entrevistas radiales del presidente Uribe y desmentidos del presidente de la Corte Suprema desde España.

En el último de los comunicados, ayer, el Gobierno llega incluso hasta a descalificar las funciones de justicia que viene cumpliendo la Corte, cuando se pregunta “si el Presidente de la CSJ miente, ¿qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?”. Y mientras las dos cabezas de dos de las ramas del poder público se tratan de mentirosos, el país continúa sin el Fiscal General de la Nación en propiedad que se requiere para combatir la criminalidad que nos agobia y que feliz estará de ver tamaño espectáculo mientras avanza en sus fechorías.

Nadie gana en esta tozuda confrontación. Aun cuando se hable ahora de posibles testigos, el que uno u otro tenga la verdad o, lo más probable, que cada uno haya interpretado las conversaciones a su gusto, poco o nada sirve para solucionar una diferencia que, lo sabemos, más que con el apego a normas constitucionales o internacionales, tiene que ver con la suerte de procesos centrales como la parapolítica y la yidispolítica.

Algunas voces reconocidas han pedido, de nuevo, la mediación del procurador, Alejandro Ordóñez. Loable, como también que éste haya aceptado y comenzado a hacer contactos en ese sentido. Pero nadie puede ser optimista de dicha intervención, pues, ahora como antes, la figura del procurador Ordóñez es demasiada cercana a una de las partes y ayer no más estaba en una confrontación pública con la otra, la CSJ, por la participación del Ministerio Público en las diligencias con los paramilitares extraditados a EE.UU.

Por lo demás, el camino de la mediación seguirá cerrado mientras las partes no estén dispuestas a ceder. Y los colombianos exigimos que cedan, porque es factible hacerlo, sin bajar la cabeza, cuando se piensa en el país y no en el poder o los intereses particulares. ¿Qué daño habría en nombrar una nueva terna con nombres sin ninguna discusión? ¿Qué daño habría en que, para que ello fuera posible, la CSJ explicara detalladamente las razones para considerar inviable la actual?

Continuar por el camino del aferramiento a las posiciones propias sin pensar en el daño que se está haciendo es sumamente peligroso. El Fiscal encargado, pero despojado de la investidura que le permitiría diseñar un mandato para el ente acusador, bien puede tener planes personales que lo lleven a abandonar el encargo. Podríamos llegar entonces al abismo de dos fiscales encargados, uno nombrado por la Corte y otro por la Presidencia, cada uno con posiciones divergentes frente a los casos que de alguna manera afecten al Gobierno. De sólo pensarlo, el escenario aterra. Por favor, un poco de sensatez. ¿Por qué no se callan y más bien afinan sus posiciones para bien del país?