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Los colombianos llevamos más de un año pagando un impuesto que nos prometieron, por ley, que iban a modificar. En la reforma tributaria aprobada por la administración de Gustavo Petro, Ley 2277 de 2022, se anunció una medida que generó esperanza en millones de colombianos. Allí se daba un plazo hasta finales de 2024 para que las personas que hicieran transacciones menores a COP 18,3 millones no tuvieran que pagar el 4x1.000. Ese impuesto, que ha sido un lastre para los ciudadanos y que hace tiempo perdió su razón de ser, es una pesadilla regresiva que no debería afectar a los más vulnerables. Sin embargo, al sol de hoy, se sigue cobrando, no hay un sistema funcionando para aplicar la ley y el Gobierno Nacional parece distraído con otras prioridades.
Entre finales de 2024 y todo 2025 el sistema financiero colombiano recaudó COP 9,2 billones producto del impuesto al 4x1.000. Según una acción de grupo contra los bancos de Colombia, aceptada recientemente por el Juzgado Séptimo Civil de Bogotá, el perjuicio para cada colombiano podría alcanzar los COP 800.000 anuales. Eso es un platal, más en tiempos de vacas flacas y teniendo en cuenta que la ley aprobada buscaba proteger a las personas con menos recursos. ¿Por qué se está incumpliendo la norma y estamos pagando un impuesto que no debería existir?
Los actores del sistema se lanzan entre unos y otros la responsabilidad. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, dijo: “Venimos rogándole al Gobierno que pongan a echar en marcha este sistema por cuenta de que ya las compañías financieras y fintech no solo tienen contratos firmados con el operador del sistema, sino tienen la tecnología desarrollada hace 502 días, y 502 días de un impuesto que hoy en día ya carece de justificaciones, es plata que no deberían estar pagando los colombianos”. Por su parte, Freddy Castro, presidente de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito & Financieras (Fecolfin), dijo que la norma se hizo mal, pues pidió un sistema de información unificado, pero no creó mecanismos de coordinación para hacerlo. Eso es un desastre, porque automatizar la exención del 4x1.000 requiere coordinar 336 fondos de empleados, 172 cooperativas de ahorro y crédito, y 39 bancos vigilados por la Superintendencia Financiera.
En todo esto el gran ausente es el Gobierno. No tiene sentido que la reforma tributaria de su iniciativa se vea obstaculizada precisamente por la falta de reglamentación adecuada y de fomentar la integración de todos los actores. ¿Ha tenido que ver, acaso, el hecho de que la Casa de Nariño está en problemas de recursos y la exención sería un golpe adicional? ¿La idea es echar para atrás la medida? De ser así, el debate hay que darlo de cara al país, así como plantear una reforma a la reforma. En todo caso, ¿qué pasa con todo el dinero que han pagado los colombianos a pesar de que no deberían haberlo hecho? ¿Habrá devolución? Sabemos que estamos pensando con el deseo, pero por lo menos una muestra de seriedad sería priorizar la implementación de la medida. Las normas están para cumplirse.
Los bancos dicen estar listos, las cooperativas dicen estar listas. ¿Qué estamos esperando? El tiempo es, literalmente, dinero.
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