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El capricho de la administración de Iván Duque contra el derecho fundamental al acceso a la información se quedó sin argumentos. Durante los peores momentos de la pandemia y de los confinamientos tenía sentido que, mediante decreto, se ampliaran los plazos para que los funcionarios públicos respondieran a los requerimientos de información por parte de los ciudadanos. En aquel entonces, tener acceso a expedientes no digitalizados no solo era muy difícil, sino también un riesgo innecesario para la vida en medio de los contagios disparados y la ausencia de vacunas. Pero en la Colombia de 2022, después de un exitoso Plan Nacional de Vacunación, las objeciones planteadas por el presidente para mantener la extensión de los plazos son un golpe inaceptable a la libertad de expresión y de prensa.
El Congreso de la República lo vio de la misma manera. Por eso se aprobó un proyecto de ley que pretendía devolver el derecho de petición a los tiempos determinados por la Constitución y la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional en el tema. Sin embargo, cuando llegó al despacho del presidente Duque, este decidió objetar la ley. Con el agravante de que en la Rama Legislativa no se ha querido agendar debate para discutir tal intromisión presidencial en los derechos fundamentales.
Los tiempos para responder a un derecho de petición hacen una diferencia crucial en la labor de los periodistas. Que toda entidad pública tenga que contestar y publicar la información disponible es una herramienta esencial para que los colombianos conozcan qué está ocurriendo. Tiene, además, todo el sentido del mundo: las actuaciones y los datos de los funcionarios públicos deben ser transparentes y de conocimiento de todos los colombianos; después de todo, están trabajando financiados por nuestros impuestos y, en teoría, velando por el bien común.
Adicionalmente, las condiciones de la pandemia ya cambiaron. Si el país está funcionando con apertura casi completa, ¿por qué seguir estorbando la labor investigativa y el acceso de los colombianos a la información? ¿Qué fin ulterior se está cumpliendo con una limitación de esa magnitud? ¿De qué sirve haber contenido el virus si el Gobierno sigue utilizando poderes para tiempos de excepción?
Nos unimos al llamado de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI): el Congreso debe discutir las objeciones e insistir en la aprobación del proyecto de ley. Como dijo la AMI en un comunicado: “Con el derecho a la información, a la libertad de expresión y la libertad de prensa no se juega (...). Es indispensable y urgente que la garantía del derecho al acceso a la información retorne a la normalidad, que se garanticen las condiciones señaladas en la Ley Estatutaria y no se extiendan, de manera injustificada, las limitaciones impuestas por el Gobierno Nacional durante el estado de emergencia”.
Ya que superamos el ruido de las elecciones legislativas, los congresistas deberían volver al trabajo y darle trámite de urgencia al análisis de las objeciones. Cuando los derechos fundamentales están en juego, el Congreso está llamado a ejercer como contrapoder. No hay que esperar más.
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