¿Por qué seguimos sin contralor?

"La interinidad en la Contraloría General de la República le resta legitimidad democrática a una entidad clave en la lucha anticorrupción”.

Foto: Archivo particular

Colombia lleva más de un semestre con una Contraloría General de la República en interinidad, con un contralor anulado, con una Corte Constitucional en extraño silencio y con un Congreso de la República sin mucho interés en cumplir con sus deberes. No tiene presentación que la entidad más importante para la lucha contra la corrupción se esté manejando sin legitimidad democrática y que tanto las ramas Judicial como la Legislativa se sientan cómodas con el estado actual de las cosas. No hay que darle más vueltas al asunto: el alto tribunal debe tomar una decisión de fondo cuanto antes y, mientras tanto, el Congreso necesita agilizar el proceso de selección de un nuevo contralor.

Se advirtió varias veces. En el cambio de Congreso, en 2022, hubo vicios en el trámite para la elección de contralor general de la República. Cuando Carlos Hernán Rodríguez fue elegido, sus días estaban contados, porque los congresistas violaron el debido proceso. Esa misma fue la conclusión de la Sala Quinta del Consejo de Estado, que decidió anular su elección. Dentro de las irregularidades, el Consejo de Estado encontró que “se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación”. Esas variaciones, realizadas a pesar de los reclamos que se presentaron en la sociedad civil y dentro del mismo Congreso en su momento, hicieron que la elección del contralor se produjera en contra de lo que dictan la Constitución y la ley.

Rodríguez interpuso una acción de tutela para quedarse en el cargo. Negada dos veces por el Consejo de Estado, fue finalmente seleccionada en septiembre pasado para revisión por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, de manera injustificable, el ato tribunal constitucional no ha fallado a la fecha. Mientras tanto, la Contraloría ha estado dirigida en interinidad por Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor de Rodríguez y su mano derecha. Es decir, que una persona cuya elección fue anulada sigue teniendo poder decisorio sobre la entidad de vigilancia fiscal. Eso no tiene legitimidad democrática ni presentación ante los colombianos. Insistimos: ¿por qué la Corte Constitucional no ha tomado una decisión de fondo en un asunto que, desde el punto de vista jurídico, no parece tan complicado y sí tiene amplia importancia para Colombia?

Y mientras ese lío ocurre por las cortes, el Congreso se ha echado a dormir también. En diciembre del año pasado se dijo que adelantaría el proceso de selección del reemplazo del contralor con 140 aspirantes, pero la contratación de la universidad para realizar la prueba de aptitudes a los nominados está demorada. Adicionalmente, unos 100 representantes a la Cámara pidieron no tomar ninguna decisión hasta que haya fallo de la Corte Constitucional. Eso no tiene sentido: la realidad jurídica es que la elección pasada se anuló y debe empezar de cero. Si la Rama Legislativa no actúa está incumpliendo sus deberes y fallándole a la Constitución.

Necesitamos contralor general en propiedad. No más dilaciones y trampas a los colombianos.

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