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Los gobiernos de varios países han mostrado su frustración con las personas no vacunadas de la peor manera posible: instaurando la vacunación obligatoria. Aunque nos encontramos en una etapa de la pandemia en que la abrumadora mayoría de personas hospitalizadas y fallecidas son no vacunadas, el acto de equilibrismo entre derechos individuales y colectivos no puede tirarse por la borda. Queremos superar el COVID-19, evitar futuras variantes, respaldar al personal de salud y reducir las tragedias entre la población más vulnerable, incluso pese a haber recibido las vacunas, pero al hacerlo no todo es válido.
Terminando 2021, Ecuador fue el primer país latinoamericano en decretar la vacunación obligatoria. “Hemos declarado obligatoriedad para la vacuna contra el COVID-19 justamente porque queremos proteger la salud de todos los ciudadanos”, dijo Ximena Garzón, ministra de Salud de ese país. Ecuador tiene un 77 % de la población vacunada, pero viene reportando aumento de contagios y hospitalizaciones.
Algo similar acaba de hacer Austria, con 74 % de la población vacunada. “Cada uno es responsable de su salud y toma sus decisiones. Pero nosotros somos una comunidad y cuando se trata de la seguridad de la comunidad, entonces todos tenemos responsabilidad”, dijo el canciller federal, Karl Nehammer. Quienes no sean vacunados podrán ser multados con 600 euros hasta cuatro veces en un año. A partir de marzo, las autoridades podrán hacer chequeos de estatus de vacunación. Si esto no funciona para subir la tasa de inmunización, el año entrante la multa subirá a 3.600 euros por año.
La frustración es entendible. No hay motivos científicos para negarse a la vacuna y sí muchos efectos negativos. El personal de salud ha expresado su desgaste por tener que atender a personas que pudieron ahorrarse la hospitalización, de haber recibido la vacuna. En Francia, un colectivo de sanitarios propuso incluso la idea, inhumana, de no tratar a los no vacunados. Hablando con Euronews, Shanon Poly, enfermera de una unidad de cuidados intensivos, dijo: “Es desmoralizador, es psicológicamente agotador luchar para tratar a personas que ocupan camas de cuidados intensivos cuando se podría evitar”.
Sin embargo, la manera de fomentar la vacunación no puede ser que el Estado obligue a las personas a ceder por completo su autonomía. Aunque tardan más en causar efecto, los incentivos positivos y negativos son la mejor medida que tienen los gobiernos para aumentar la tasa de inmunización. No permitir la entrada a espacios colectivos, pedir carné de vacunación al viajar y también en entornos laborales son limitaciones a la libertad individual que tienen justificación en nombre del bien común. Pero exigir que la persona se vacune, so pena de multas o incluso cárcel, es quitarle por completo la posibilidad de decidir.
Tenemos que vencer la pandemia, pero en el proceso no podemos dejar a un lado las libertades individuales y la resistencia a que los Estados vulneren la autonomía. Hasta ahora ha sido un difícil acto de equilibrismo que permanecerá mientras sigamos ante el COVID-19.
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