Es importante que el Gobierno y el Ministerio de Defensa lleven a término con diligencia las investigaciones que iniciaron y le expliquen al país, sin lugar a dudas, cuáles fueron las causas de los presuntos accidentes. Es lo mínimo.
Ahora, si se prueba que fueron accidentes causados por condiciones meteorológicas —y no hay motivos hasta ahora para creer lo contrario— surgen preguntas que también deben ser contestadas. ¿Por qué se adelantan operaciones en situaciones tan delicadas? ¿No hubiese sido mejor posponerlas? ¿O acaso hay otros motivos detrás de las fallas? ¿Malos mantenimientos? ¿Malos manejos de las aeronaves? ¿Una infiltración criminal? Más allá de ser una macabra coincidencia, como lo quiere proponer el Gobierno, debe esclarecerse la responsabilidad en lo que ha ocurrido. Este tipo de fallas mecánicas no pueden presentarse. Y menos tan a menudo. La vida de los miembros de nuestra Fuerza Pública no puede ponerse en riesgo de manera ligera. Ya es suficiente con el riesgo que enfrentan en todo momento.
Dicho lo anterior, tenemos que llamar la atención a los políticos de la oposición, en especial al senador Álvaro Uribe, por su prontitud en lanzar acusaciones graves y dañinas, no sólo para el país sino para las familias de los soldados que perdieron la vida. ¿Cuál es el afán en asegurar, sin mayor espacio para dudas, que las aeronaves fueron derribadas? Sus pruebas, como se ha vuelto habitual en su acelerado afán opositor, no permiten hacer afirmaciones contundentes. El audio que circuló a través de las redes sociales, en el que se escucha a un uniformado que, estando a bordo de otra aeronave, confirma la tragedia del helicóptero Black Hawk y sugiere la posibilidad de un impacto, no es prueba suficiente para asegurar que en efecto se trató de un ataque. Afirmar lo contrario es temerario.
No pretendemos —entiéndase bien— que la oposición no ejerza presión para conocer la verdad, pero eso es distinto a sembrar el miedo y la incertidumbre con acusaciones débiles. No queremos pensar que se utilizan estas tragedias para posicionar un mensaje con miras a las elecciones próximas, pero el comportamiento visto es reprochable.
Finalmente queremos dedicar este espacio a los 27 uniformados que perdieron la vida buscando la construcción de un mejor país. Enviamos nuestras condolencias a sus familias y compañeros de tropa. Les agradeceremos su servicio eternamente y todos los colombianos debemos sentir hoy algo de culpa por la poca atención que ponemos a las condiciones en que ejercen su trabajo.
Sus muertes, lamentablemente, nos recuerdan que aún somos un país en guerra, que faltan muchas batallas por dar y que, sí, todavía queda sangre por derramar. Especialmente lo ocurrido entre Carepa y Chigorodó (Antioquia), durante un traslado en el marco de los operativos en contra del clan Úsuga, la mayor banda criminal del país, herencia de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. El mensaje que estas muertes dejan es, pues, tanto de la necesidad de avanzar en el fin del conflicto mediante la negociación, como en las precauciones que hay que tener presentes para un eventual posconflicto.
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Por El Espectador
