¿'Prejuzgamiento'?

Lo fue hace un tiempo cuando, horas antes del anuncio de la imputación de cargos que la Fiscalía le haría por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal, concierto para delinquir y porte y tráfico de armas, por cuenta de la presuntamente falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana en marzo de 2003, salió al paso denunciando hechos de hace seis años sobre el esposo de su acusadora, el señor Carlos Alonso Lucio. Se los guardó mucho tiempo en su calidad de garante de ese proceso y logró polarizar su litigio de una forma reprochable.

También lo es hoy, indirectamente, por cuenta de las declaraciones de su antiguo jefe, el expresidente Álvaro Uribe, quien ha venido subiendo el tono de la ‘oposición’ que hace a las decisiones de su sucesor, el presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta en Twitter. Primero le dijo, casi en tono de súplica, que por favor hiciera algo ante la ‘venganza criminal’ que se cierne sobre el excomisionado por los cargos imputados en su contra. Pero después de que la Presidencia solicitara ser aceptada como víctima dentro del proceso, el expresidente dijo mucho más. En términos políticos, manifestó que esta actuación simbolizaba una presión a la justicia y un ‘prejuzgamiento’. En términos jurídicos, afirmó que el artículo 188 de la Constitución obliga al jefe de Estado a velar por los derechos y libertades de los ciudadanos, dentro de lo que se incluye —sostuvo— la posibilidad de discrepar con la justicia cuando los hechos lo ameriten. Asimismo, manifestó que fue muy apresurado declararse víctima, porque debería hacerlo en la etapa de acusación, no de imputación, que es donde se encuentra el proceso.

En cuanto a lo jurídico, el primer argumento suena un tanto alegre: ¿de qué parte del artículo constitucional mencionado, el cual reza que el jefe de Estado tiene la obligación de velar por derechos y libertades ciudadanas, se desprende que pueda discrepar de la justicia? Respecto a lo segundo, los expertos consultados por este diario tienden a coincidir en que es falso. La Corte Constitucional ha reconocido que las víctimas deben ser escuchadas, si así lo estiman, desde el momento de la imputación. Cosa muy distinta es la etapa en que se constituyen como tales (intervinientes, más exactamente), que sí es en la acusación, a donde deben llegar respaldadas por un material probatorio contundente. Pero esa es otra historia. El Estado (el conjunto institucional y de ciudadanos), como se puede ver en esa presunta desmovilización, por supuesto que fue víctima de estos hechos. Claro, a no ser que se comprobara que la desmovilización cumplió con todos los requisitos, lo cual parece improbable.

En términos políticos quizás sí resulte apresurado declararse víctima, puesto que el propio presidente Santos fue parte de ese gobierno y de ese Estado que hoy, como si fueran divisibles, se hace víctima en el proceso en el que también es acusado. No quiere eso decir que haya ‘prejuzgamiento’, pero sí es una movida diciente de hasta dónde se permite el actual gobernante cuestionar las actuaciones de su predecesor y antiguo jefe.

Un debate aparte, que podría despertar un cierto ‘beneficio de la duda’, es la calidad que ostentaba Luis Carlos Restrepo en el momento de la desmovilización. Un gestor de un proceso de paz, que tiene a su cargo una política entera, tiene demasiadas responsabilidades de negociación y es natural que lo haga con criminales. Claro, será la justicia la que valore esa condición especial y determine si fue más allá de sus funciones para cohonestar —o, peor, orquestar— un fraude con esta desmovilización.