Ya hablaremos de Venezuela. Dos casos nos llaman poderosamente la atención, ya que podrían convertirse en peligroso precedente, no de una excepción, sino de una regla para quienes allá ejercen este oficio. Sin prensa libre que informe (y que opine), que le diga a la ciudadanía lo que pasa con su país, no hay democracia. Así de simple. Así de fácil.
Primero, Xavier Bonilla, Bonil, un caricaturista del periódico El Universal de Guayaquil, haciendo uso de sus recursos (una pluma, un papel, el ingenio) retrató el operativo del que fue protagonista Fernando Villavicencio, un exsindicalista que trabaja para un opositor del Gobierno: las autoridades policiales entraron a su casa y se llevaron unos equipos sin inventario y sin abogado.
Ahí los vemos en el mordaz dibujo tumbando la puerta, cargando cosas, marchándose al ritmo del paso militar. Vociferante, lleno de ira, salió luego el presidente Rafael Correa, haciendo él también uso de sus recursos (la Presidencia misma, el poder del Estado, un programa de televisión enteramente suyo): “Lo que hizo Bonil fue una infamia, una mentira. Fue tratar de juzgar en los titulares y no en los tribunales”, dijo iracundo. Vaya, vaya, presidente Correa, usted pide, nada menos, que uno de los efectos más nefastos de la censura a la libertad de opinión se aplique en su país: que los cuestionamientos que se hagan a su gobierno se trasladen de las páginas de los diarios a los estrados judiciales. Y, lo peor, le parece muy bien, justo.
Bonil, a fuerza de su propio talento, terminó rectificando como lo obligaban las leyes mordaza que Correa ha impuesto en su país, pero a través de un dibujo prodigioso, lleno de una ironía sostenida que logró engañar hasta al superintendente de Información y Comunicación, quien aceptó la enmienda. Pese a este gol, la situación que revela el caso es nefasta: ¿por qué restringir la opinión de alguien, más cuando la emite a través de una caricatura? ¿No son más laxos los controles a la opinión que a la información? ¿No hay mucho de subjetivo en una caricatura? No en Ecuador, por lo visto.
Hay más. Extra, un diario sensacionalista de ese mismo país, irá a juicio penal contra la Superintendencia de Comunicación e Información, que lo ha obligado a pedir disculpas y rectificar dos titulares. Los directivos del diario, con toda razón, han dicho que tal rectificación es simplemente imposible. Y lo es.
El 21 de noviembre del año pasado el rector de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Romeo Raúl Rodríguez, asistió a una reunión en Quito con Carola Donoso, relacionista pública de la institución. Al regreso de su viaje murieron en un accidente de tránsito. “¡De la reunión a la tumba!”, tituló Extra en su portada. A la mujer, durante las honras fúnebres, le dieron el título póstumo de licenciada. El diario tituló al día siguiente: “¡Se fue al cielo con título de licenciada!”. ¿Eso es todo? Eso es todo. Y sin embargo, la recién creada superintendencia considera que se deben rectificar dichos titulares, que más fieles no pueden ser.
Ya era inconcebible que un caricaturista fuera obligado a rectificar una opinión sobre algo que sucedió, pero raya en el ridículo que a un medio le exijan enmienda y lo embarquen en un juicio por el simple hecho de dar una noticia y titularla con creatividad. A eso ha llegado, sin embargo, el gobierno de Ecuador con sus controles ridículos y excesivos sobre los medios. Es menester continuar levantando una voz de protesta para exigir una prensa libre en el vecino país y desnudar la retórica populista con que se quiere disfrazar lo que no tiene nombre diferente al de censura.
Por El Espectador
