Presencia estatal

Los vimos desde el martes de la semana pasada, cuando se esparcieron con rapidez a lo largo y ancho de las redes sociales: 300 personas del corregimiento El Mango, en el municipio de Argelia, Cauca, destruyeron el cuartel de la Policía del lugar, incendiando cuartos y tumbando trincheras.

 

 

Las imágenes y los videos fueron respondidos por las autoridades a igual velocidad de como llegaron: un comunicado de la Policía Nacional manifestó que seguirán garantizando la seguridad de la comunidad en esa zona del país. El coronel Ramiro Iván Pérez, comandante de la Policía en ese departamento, dijo que “se articularía” un esfuerzo para generar una mesa de diálogo, una forma de saber la verdad puntual del asunto. El presidente Juan Manuel Santos, cuando oyó que la población se negaba al regreso de autoridades con uniforme, cuando supo que 500 personas rodeaban el pueblo, dijo que deberían regresar, que ningún punto del país estaba “vedado” para la Fuerza Pública. El secretario de Gobierno del Cauca, Amarildo Correa, viajó al sitio en donde hay una mesa de concertación entre la comunidad y una comisión del gobierno departamental, y habló de la Constitución, de la Fuerza Pública, de la importancia de entender la presencia de instituciones públicas, como el Ejército y la Policía. Unos dicen que se trata de una acción de las Farc: de guerrilleros vestidos de civil.

 

Del Cauca habla la gente (hablan con propiedad, además) cada que la llama se enciende, cada que un problema de orden público merece la atención de todo el país. Cada que pasa eso: una comunidad que saca a las malas a unos policías impotentes. De resto, el foco  permanece en otras partes: diríamos que, de resto, el Cauca no existe. Y claro que aquí hay problemas de orden público, de seguridad, de legitimidad del Estado frente a una amenaza de un grupo al margen de la ley. Y claro que hay que hacer un énfasis en la seguridad.

 

Pero para no repetir lo que debe ser dicho, podríamos añadir que el Cauca, esa región de esas características tan particulares (grupos al margen de la ley, corredor del narcotráfico) debería ser el sitio en el que empiece a aparecer el Estado que muchos soñamos para el tan mentado posconflicto: una inyección de presencia que vaya más allá de la Fuerza Pública y los papeles membreteados. Una especie de concertación con la comunidad, desde abajo, en el que se entiendan, a ciencia cierta, las realidades de lo local, que harto podrían servir de insumo para acabar de un tajo con la violencia. Presencia estatal, en últimas, significa Estado en su expresión más pura: no sólo seguridad sino también salud, educación, democracia activa y participación.

 

En una sola pasada el señor Amarildo Correa (secretario de Gobierno del Cauca, como mencionamos arriba) enumeró otras cosas de importancia para la comunidad: “La presencia de profesores, instituciones con programas sociales, del Ministerio de Agricultura, y proyectos para la población”. Cosas que, bien llevadas, puestas en un plan de acción concreto que vaya más allá de lo que las cámaras registran, podrían redundar en la “paz territorial” de la que tanto se habla. Por ahí va la cosa. 

 

 

 

Los vimos desde el martes de la semana pasada, cuando se esparcieron con rapidez a lo largo y ancho de las redes sociales: 300 personas del corregimiento El Mango, en el municipio de Argelia, Cauca, destruyeron el cuartel de la Policía del lugar, incendiando cuartos y tumbando trincheras.

 

 

Las imágenes y los videos fueron respondidos por las autoridades a igual velocidad de como llegaron: un comunicado de la Policía Nacional manifestó que seguirán garantizando la seguridad de la comunidad en esa zona del país. El coronel Ramiro Iván Pérez, comandante de la Policía en ese departamento, dijo que “se articularía” un esfuerzo para generar una mesa de diálogo, una forma de saber la verdad puntual del asunto. El presidente Juan Manuel Santos, cuando oyó que la población se negaba al regreso de autoridades con uniforme, cuando supo que 500 personas rodeaban el pueblo, dijo que deberían regresar, que ningún punto del país estaba “vedado” para la Fuerza Pública. El secretario de Gobierno del Cauca, Amarildo Correa, viajó al sitio en donde hay una mesa de concertación entre la comunidad y una comisión del gobierno departamental, y habló de la Constitución, de la Fuerza Pública, de la importancia de entender la presencia de instituciones públicas, como el Ejército y la Policía. Unos dicen que se trata de una acción de las Farc: de guerrilleros vestidos de civil.

 

Del Cauca habla la gente (hablan con propiedad, además) cada que la llama se enciende, cada que un problema de orden público merece la atención de todo el país. Cada que pasa eso: una comunidad que saca a las malas a unos policías impotentes. De resto, el foco  permanece en otras partes: diríamos que, de resto, el Cauca no existe. Y claro que aquí hay problemas de orden público, de seguridad, de legitimidad del Estado frente a una amenaza de un grupo al margen de la ley. Y claro que hay que hacer un énfasis en la seguridad.

 

Pero para no repetir lo que debe ser dicho, podríamos añadir que el Cauca, esa región de esas características tan particulares (grupos al margen de la ley, corredor del narcotráfico) debería ser el sitio en el que empiece a aparecer el Estado que muchos soñamos para el tan mentado posconflicto: una inyección de presencia que vaya más allá de la Fuerza Pública y los papeles membreteados. Una especie de concertación con la comunidad, desde abajo, en el que se entiendan, a ciencia cierta, las realidades de lo local, que harto podrían servir de insumo para acabar de un tajo con la violencia. Presencia estatal, en últimas, significa Estado en su expresión más pura: no sólo seguridad sino también salud, educación, democracia activa y participación.

 

En una sola pasada el señor Amarildo Correa (secretario de Gobierno del Cauca, como mencionamos arriba) enumeró otras cosas de importancia para la comunidad: “La presencia de profesores, instituciones con programas sociales, del Ministerio de Agricultura, y proyectos para la población”. Cosas que, bien llevadas, puestas en un plan de acción concreto que vaya más allá de lo que las cámaras registran, podrían redundar en la “paz territorial” de la que tanto se habla. Por ahí va la cosa.