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Colombia, por fortuna, casi siempre ha tenido algo claro: cada cuatro años acudimos a las urnas para elegir a quienes ocupan una silla en el Congreso y al presidente de la República, y los resultados se reconocen. Es un pilar esencial de nuestra democracia. Por eso resultan tan preocupantes los mensajes que, desde la propia Casa de Nariño, pretenden hoy envilecer la legitimidad de nuestro proceso electoral.
Sí, el mensaje va para el presidente Gustavo Petro. En su afán por fortalecer su proyecto político, una de las estrategias que utiliza es la guerra verbal y administrativa contra la firma Thomas Greg & Sons. En menos de 24 horas lanzó dos publicaciones en X, muy a su estilo, dejando dudas en torno a como se debe desarrollar el proceso que habrá de definir a su sucesor. “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, dijo a las 10 en punto de la noche del pasado martes. “Yo no quiero aplazar elecciones”, matizó a la 1:47 p.m. del miércoles. Pero sus temores son infundados.
En 2022, el presidente logró en segunda vuelta 11’292.758 votos para ser elegido; en 2018 la coalición Petro presidente obtuvo 8’040.449 votos para quedar en segundo lugar en las presidenciales de ese año; en 2011 ganó las elecciones a la Alcaldía de Bogotá con 723.157 votos; en 2006 llegó al Senado avalado por el Polo Democrático con 143.443 votos; en 2002 entró a la Cámara por Vía Alterna con 78.895 votos; en 1997, con ese mismo movimiento, había obtenido su asiento como representante con 117.919 votos, y en 1991, a través de Alianza Democrática M-19, arribó al Capitolio con 12.024 votos. En cada una de esas elecciones, la firma Thomas Greg & Sons estuvo a cargo de los procesos logísticos. ¿Por qué cuando Gustavo Petro ganó esas elecciones el sistema sí era transparente y democrático, pero no lo es ahora que se debe seguir la tradición de una alternancia pacífica del poder?
Sin duda, es una tarea pendiente corregir errores y dar mayor apertura para que otras firmas puedan competir por ganarse esos contratos; el que se entregó este miércoles, a una unión temporal que incluye a Thomas Greg & Sons, es de $2,1 billones. También, se requiere acorralar a las mafias electorales que promueven la compra de votos y la corrupción de funcionarios para amañar algunos comicios; incluso, como lo dice el propio jefe de Estado, el país necesita hacer el tránsito hacia una mayor soberanía sobre los datos y propulsar el desarrollo de softwares propios para este tipo de procesos, como lo pidió en 2018 el Consejo de Estado. Sin embargo, la solución no es lanzar trinos en la noche, sin contexto, buscando intervenir arbitrariamente en procesos de contratación que se han hecho sobre la mesa.
Especialmente porque las elecciones del 2026 tienen un gran reto y no es precisamente el que obsesiona al presidente. Como si el atentado contra Miguel Uribe Turbay no fuese motivo suficiente para entender que hay una crisis de seguridad y violencia, el país se sigue enterando de planes para atentar contra otros candidatos a nivel nacional. Vemos cómo los líderes sociales están bajo acecho y las campañas políticas no se pueden hacer en libertad en las regiones donde el Estado no ha podido hacer presencia. La libertad de prensa, garante de una democracia sólida, vio cómo en el Guaviare hubo un atentado contra un periodista, ante los ojos ineficientes de las autoridades. Las personas tendrán que salir a votar en medio del miedo,mientras las elecciones se celebrarán bajo terribles y creíbles amenazas de intervención de los grupos ilegales. ¿Qué hará la Casa de Nariño para garantizar la protección de todas las fuerzas políticas? El Gobierno debería estar pensando cómo actuar contra esa realidad palpable en vez de enlodar el proceso por malquerencias injustificadas.
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