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Ahora que el presidente de la República, Gustavo Petro, está pensando en el legado que dejará su gobierno y que el Ministerio de Hacienda adelanta la pugna por un presupuesto nacional en medio de un recaudo tributario decepcionante, hay una obra que podría permitir ejecución rápida en una región que lo necesita. El reto es superar rencillas políticas y resistir a los cantos de sirena de otras regiones con más poder de lobby ante la Casa de Nariño. Hablamos de la vía Mulaló-Loboguerrero, en el Valle del Cauca, que cumplió siete años de estar parada en medio de la desidia institucional, pero que tiene todas las características de una ejecución que beneficiaría a todos los involucrados.
La vía fue contratada en 2015 con el objetivo de terminarse en 2022, pero nada de eso pasó. Durante años se vio en líos para obtener licencias ambientales, cumplir con la consulta previa y obtener financiación por parte del Estado. Aunque en 2021 se alcanzaron todos los requisitos, el gobierno de Iván Duque decidió no actuar y permitir que la próxima administración se hiciera cargo. Desde que llegó a la Presidencia, Gustavo Petro, la Casa de Nariño y, en particular, el Ministerio de Transporte, se la han pasado entre el desinterés y la desidia. Actualmente hay una pugna en arbitramento porque el concesionario Covimar (liderado por Corficolombiana) dice que la obra no cuesta lo mismo que hace siete años y necesita más dinero, pero la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se niega a pactar un incremento. El resultado, temen en el Valle, es que el proceso se deje morir.
Abogar por la vía no es promover los intereses de un concesionario particular, sino reconocer que para el Valle se trata de una obra que mejoraría su competitividad. Como explica El País, periódico local de la región, “la vía actual que hace la ruta Yumbo-Mediacanoa-Loboguerrero (101 kilómetros) es de $1.509.244 (promedio vehículo), pero con la nueva ruta, que sería de 49 kilómetros, bajaría a $1.052.669. Si se tiene en cuenta que al año se movilizan 3.757.928 toneladas en 262.803 vehículos, los costos logísticos se reducirían en 30,3 %”. Hablando con ese medio, Germán Jaramillo, director de la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo, afirmó que “si la obra no se hace, como es una concesión a 30 años, representaría un detrimento de $17 billones para la región”. La disputa actual entre el concesionario y el Gobierno es por un reajuste de poco más de $1 billón.
Entendemos que a la administración Petro no le gusta el modelo de carreteras a través de concesiones y que su prioridad ha sido fomentar los proyectos de vías terciarias. Sin embargo, esta obra tiene particularidades que ameritan una segunda oportunidad. Para empezar, ya está lista para su construcción. Si el Gobierno y el concesionario llegan a un acuerdo, podría procederse con el proyecto y mostrar resultados pronto, un legado directo para la Presidencia Petro. Si se tratara de un contrato todavía crudo en planeación, entenderíamos echarlo para atrás, pero este es un claro caso de construir sobre lo construido. Adicionalmente, le permitiría a la Casa de Nariño ayudar a una región que le votó con entusiasmo y que pide a gritos atención estatal. Sería un triunfo y una muestra de un gobierno conciliador.
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