Preso sin condena

No daba crédito a lo que oía: el Tribunal Superior de Bogotá le negó por tercera vez la libertad en el caso que se levanta en su contra por el desfalco de Agro Ingreso Seguro (AIS), un programa que pretendía preparar al agro colombiano para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que terminó desviándose, entregando dádivas millonarias a familias acaudaladas por medio de maniobras ilegales.

Arias no es santo de devoción de muchos colombianos. Aquí en estas páginas fuimos críticos suyos y hemos pedido la acción de la justicia en su contra si lo que se reveló en diversas investigaciones periodísticas fue cierto. Pero los principios constitucionales están para cumplirse. Es sencillo, por eso, dar crédito a sus palabras: “este es un juicio muy prolongado y a todas las audiencias he ido”. Es cierto. Y es cierto también que las razones por las que permanece detenido a prevención son bastante nebulosas.

Ciertamente, el exministro es apenas uno de muchísimos sindicados en Colombia que aún no tienen una condena en firme pero que se mantienen presos, congestionando el sistema carcelario. Eso es grave. Pero es peor cuando es muestra representativa de alguien que no encaja a la perfección en una de las causales de las medidas de aseguramiento: ser un peligro para la sociedad (que no lo es), que pueda fugarse o que obstaculice el desarrollo del proceso.

Anclado en esta última causal, el Tribunal lo mantiene preso. “Este juez de garantías encuentra que hace falta incluir las declaraciones de los testigos de la defensa, cuatro que aún son procesados y seis exfuncionarios del Ministerio que tuvieron influencia en el programa que aún es materia de cuestionamiento”, dice. Hace dos meses eran 14 los testigos que obstruían la libertad de Arias, porque podría influir en ellos. Ahora se multiplican con los de su propia defensa.

¿Podría el exministro influir negativamente en el proceso judicial en su contra? Quizás sí, pero ¿por qué tienen que pasar dos años enteros para interrogar a un puñado de testigos? ¿Por qué tiene un ciudadano colombiano que soportar estar tras las rejas sin una sentencia que lo obligue? Ya lo dijo la Corte Constitucional en su sentencia C-1198/08: ni la ineficacia ni la ineficiencia de la administración de justicia, o la inoperancia del aparato judicial, ni la mora en el recaudo de pruebas, pueden considerarse como causas razonables para prolongar la detención preventiva. ¿Por qué lo dice? Pues por la libertad, por la presunción de inocencia, dos derechos conculcados al exministro. Derechos grandes, además, importantes para que podamos seguir diciendo que acá lo que opera es un Estado social de derecho y no otra cosa.

Que Arias es culpable o inocente, no lo sabemos. Y no lo sabemos, justamente, por lo que se ha tardado el sistema en resolver un caso que el país merece saber, que ocurrió en el gobierno pasado y que aún no tiene respuesta: ¿Fue o no el exministro culpable en el desfalco de AIS? ¿Se aprovechó de ese programa para su carrera política? Dos años y contando, al parecer indefinidamente. Ese es el tamaño de la ineficacia de nuestra justicia, que parece escudarse en mantenerlo detenido, como si eso ya fuera el castigo, así no sepamos si lo merece.

El caso de Arias es uno de muchos, lo sabemos. Pero eso no nos inhabilita para hablar de él, para que se use como ejemplo de la maña de los jueces de ver la detención preventiva como una regla y no como una excepción, la más lesiva de la libertad. Hace dos meses nos preguntamos exactamente lo mismo: ¿hasta cuándo, entonces?

No daba crédito a lo que oía: el Tribunal Superior de Bogotá le negó por tercera vez la libertad en el caso que se levanta en su contra por el desfalco de Agro Ingreso Seguro (AIS), un programa que pretendía preparar al agro colombiano para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que terminó desviándose, entregando dádivas millonarias a familias acaudaladas por medio de maniobras ilegales.

Arias no es santo de devoción de muchos colombianos. Aquí en estas páginas fuimos críticos suyos y hemos pedido la acción de la justicia en su contra si lo que se reveló en diversas investigaciones periodísticas fue cierto. Pero los principios constitucionales están para cumplirse. Es sencillo, por eso, dar crédito a sus palabras: “este es un juicio muy prolongado y a todas las audiencias he ido”. Es cierto. Y es cierto también que las razones por las que permanece detenido a prevención son bastante nebulosas.

Ciertamente, el exministro es apenas uno de muchísimos sindicados en Colombia que aún no tienen una condena en firme pero que se mantienen presos, congestionando el sistema carcelario. Eso es grave. Pero es peor cuando es muestra representativa de alguien que no encaja a la perfección en una de las causales de las medidas de aseguramiento: ser un peligro para la sociedad (que no lo es), que pueda fugarse o que obstaculice el desarrollo del proceso.

Anclado en esta última causal, el Tribunal lo mantiene preso. “Este juez de garantías encuentra que hace falta incluir las declaraciones de los testigos de la defensa, cuatro que aún son procesados y seis exfuncionarios del Ministerio que tuvieron influencia en el programa que aún es materia de cuestionamiento”, dice. Hace dos meses eran 14 los testigos que obstruían la libertad de Arias, porque podría influir en ellos. Ahora se multiplican con los de su propia defensa.

¿Podría el exministro influir negativamente en el proceso judicial en su contra? Quizás sí, pero ¿por qué tienen que pasar dos años enteros para interrogar a un puñado de testigos? ¿Por qué tiene un ciudadano colombiano que soportar estar tras las rejas sin una sentencia que lo obligue? Ya lo dijo la Corte Constitucional en su sentencia C-1198/08: ni la ineficacia ni la ineficiencia de la administración de justicia, o la inoperancia del aparato judicial, ni la mora en el recaudo de pruebas, pueden considerarse como causas razonables para prolongar la detención preventiva. ¿Por qué lo dice? Pues por la libertad, por la presunción de inocencia, dos derechos conculcados al exministro. Derechos grandes, además, importantes para que podamos seguir diciendo que acá lo que opera es un Estado social de derecho y no otra cosa.

Que Arias es culpable o inocente, no lo sabemos. Y no lo sabemos, justamente, por lo que se ha tardado el sistema en resolver un caso que el país merece saber, que ocurrió en el gobierno pasado y que aún no tiene respuesta: ¿Fue o no el exministro culpable en el desfalco de AIS? ¿Se aprovechó de ese programa para su carrera política? Dos años y contando, al parecer indefinidamente. Ese es el tamaño de la ineficacia de nuestra justicia, que parece escudarse en mantenerlo detenido, como si eso ya fuera el castigo, así no sepamos si lo merece.

El caso de Arias es uno de muchos, lo sabemos. Pero eso no nos inhabilita para hablar de él, para que se use como ejemplo de la maña de los jueces de ver la detención preventiva como una regla y no como una excepción, la más lesiva de la libertad. Hace dos meses nos preguntamos exactamente lo mismo: ¿hasta cuándo, entonces?