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Todo comenzó con una advertencia escrita con labial rojo en el espejo de un baño de mujeres: “¡CUIDADO, en vicepueblos hay un acosador sexual! Hay denuncias”. Un mensaje anónimo, pero claro, de mujer a mujer. No fue un grito ni una denuncia formal, sino el tipo de alerta silenciosa que surge cuando las instituciones no cumplen su deber de garantizar espacios libres de violencias. La historia de Sandra Milena Cobos, lideresa indígena y exfuncionaria del Ministerio de Igualdad, es dolorosamente familiar. Según su testimonio, no solo sufrió acoso sexual por parte del viceministro de Pueblos, Nelson Lemus, sino que, cuando decidió denunciar, la respuesta institucional fue pedirle que se confrontara con su presunto agresor. ¿Cómo es posible que, en un ministerio creado para proteger los derechos de poblaciones históricamente vulneradas, puedan ocurrir este tipo de prácticas?
Las denuncias contra Lemus, publicadas por El Espectador, que también incluyen una investigación penal en la Fiscalía por presunto acoso a otras funcionarias de su despacho, no pueden verse como casos aislados. Son un síntoma de un problema estructural: la cultura del silencio e impunidad que sigue protegiendo a los agresores y dejando en el abandono a las víctimas. En un país donde las denuncias por acoso suelen ser minimizadas o descartadas, la decisión de Cobos de hacer pública su historia fue, en sus propias palabras, un acto de dignidad.
Es cierto que Lemus tiene derecho a la presunción de inocencia y que será la justicia la que determine su responsabilidad. No obstante, lo que ya es un hecho es que se presentó una situación que llevó a Cobos a renunciar a su derecho al trabajo y a un espacio político que, como lideresa indígena, se había ganado con esfuerzo. Este desenlace no solo afecta a una persona, sino que envía un mensaje preocupante sobre la seguridad y el respaldo con el que cuentan las mujeres en entornos institucionales.
El Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, tiene la responsabilidad de garantizar que estas denuncias no queden en el olvido. No basta con declaraciones o comunicados de solidaridad. Es necesario fortalecer los protocolos de atención a las víctimas dentro del sector público y garantizar que las denuncias sean atendidas con celeridad y sin represalias. Esto incluye asegurar su derecho a la no confrontación con el presunto agresor, que está contemplado en la Ley 2365 de 2024. El caso escaló a la Procuraduría y la Fiscalía, donde Sandra Cobos ya es considerada formalmente una víctima. Urge que esas entidades investiguen con rigor y sin sesgos políticos.
El feminismo institucional, que ha sido una bandera del gobierno actual, no puede quedarse en discursos. El caso de Lemus debe marcar un punto de inflexión para que la lucha contra el acoso y las violencias basadas en género sea efectiva y no solo retórica. De lo contrario, el mensaje que se seguirá enviando es que, en Colombia, quienes denuncian terminan perdiendo más que los presuntos agresores.
Es momento de preguntarnos: ¿Cómo garantizamos que el Estado no solo evite reproducir estas violencias, sino que sea un espacio seguro para quienes trabajan en él? No se trata solo de la permanencia o salida de un funcionario. Lo que necesitamos es un cambio estructural que asegure que ninguna mujer vuelva a enfrentar en solitario una lucha que debería ser de toda la sociedad.
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