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15 Apr 2016 - 2:50 a. m.

“Progreso” contra ambiente, de nuevo

Existe una desconexión en los proyectos de desarrollo: el Gobierno Nacional decide dónde y cómo llevar a cabo estos procesos, aunque los habitantes locales se opongan.

El Espectador

El presidente Juan Manuel Santos se suele comprometer de manera ambiciosa con el medio ambiente en los foros internacionales, como la reciente Cumbre de París. Sin embargo, frente a proyectos de desarrollo como la licencia de exploración petrolera en inmediaciones de la Serranía de La Macarena, la ANLA demuestra poco interés en los efectos colaterales de dichos proyectos en las comunidades y en la naturaleza.  / Foto: Archivo/EFE
El presidente Juan Manuel Santos se suele comprometer de manera ambiciosa con el medio ambiente en los foros internacionales, como la reciente Cumbre de París. Sin embargo, frente a proyectos de desarrollo como la licencia de exploración petrolera en inmediaciones de la Serranía de La Macarena, la ANLA demuestra poco interés en los efectos colaterales de dichos proyectos en las comunidades y en la naturaleza. / Foto: Archivo/EFE

El Gobierno ha repetido con insistencia que en el posconflicto las regiones y la sostenibilidad ambiental van a jugar un papel esencial que garantice la construcción de un nuevo país. Y tiene razón: como lo dijimos esta semana, la paz se hará en lo local o no se hará, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, es momento de cambiar nuestra relación con el ambiente para mitigar un poco los obstáculos que plantea el calentamiento global. Por eso, cuesta comprender la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de otorgar una licencia de exploración en inmediaciones de la serranía de La Macarena.

La resolución 0286 del 18 de marzo de 2016 autoriza a la empresa Hupecol la exploración en cerca de 150 puntos diferentes, esto a pesar de que las zonas donde se permitieron las operaciones colindan con zonas protegidas. Si bien la autorización no está entregando áreas sensibles, no se preocupó por observar los efectos que la explotación puede causar en ellas. Tan poco fue así que, aunque se consultó a Cormacarena, a las comunidades locales y a las autoridades ambientales, sus recomendaciones y advertencias se quedaron en el cumplimiento de un trámite y se pasaron de largo.

La ANLA argumenta que “no existe la posibilidad de que se afecten dichos cuerpos de agua, y mucho menos los parques nacionales naturales de Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera los Picachos, así como ninguna área protegida localizada cerca al proyecto”, porque las operaciones no están allí dentro. ¿Es, entonces, un mero capricho la oposición que se ha presentado al proyecto? No precisamente.

Lo más preocupante es que los habitantes del sector han sido los más contundentes al pedir que no se sacrifique el bienestar ecológico de la zona, e incluso han realizado varias audiencias públicas en las que el rechazo ha sido casi unánime. En palabras del alcalde del municipio de La Macarena, Ismael Medellín Dueñas: “nosotros somos un municipio ecológico y turístico, llevamos más de 15 años preparándonos para esto y ahora resulta que el Gobierno da vía libre para acabar con nuestro ecosistema. Hoy recibimos más de 14.000 turistas al año por la belleza de nuestros recursos y ahora nos pretenden convertir en una zona de explotación de hidrocarburos”. Y agrega: “En La Macarena los turistas no pueden llevar ni perfumes, ni aerosoles, ni nada que resulte contaminante; ahora resulta que permiten explotación de hidrocarburos”.

Eso marca una desconexión que ya se ha vuelto común en los proyectos de infraestructura y explotación: el Gobierno Nacional decide por su propia cuenta dónde y cómo llevar a cabo estos procesos, aunque los habitantes locales se opongan con objeciones justificadas que deben ser escuchadas. ¿Por qué esa imposibilidad de ponerse de acuerdo? ¿Siguen primando, pese a todos los discursos, las consideraciones económicas inmediatas sobre la sostenibilidad a largo plazo? ¿Y qué ha pasado con la búsqueda genuina de alternativas más sanas para las finanzas y para el ambiente?

Este debate, por supuesto, no es nuevo. La idea de que el progreso tiene que conseguirse con daños colaterales en el ambiente ha sido adoptada por el modelo económico de este y varios gobiernos anteriores. Y, hasta un punto, es entendible: la pobreza no se supera sin ese tipo de proyectos. Sin embargo, el contexto histórico actual exige nuevas consideraciones. En la víspera de un acuerdo con las Farc, que de manera correcta se ha diseñado como una “paz territorial”, y asumido un claro compromiso en la reciente Cumbre de París, se debería imponer un respeto a la voluntad de las comunidades y a los recursos ambientales en las decisiones del Gobierno. ¿Cuántos años llevan diciéndonos que la explotación no causa efectos ambientales, sólo para que la realidad pruebe otra cosa? Aún estamos a tiempo de evitar un desastre en La Macarena. Ojalá el ambientalismo estatal no se quede en palabras de ocasión para públicos estratégicamente seleccionados.

 

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