Prohibir el asbesto

Vuelve a intentarse en el Congreso la aprobación del proyecto de Ley Ana Cecilia Niño, que busca prohibir la producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquier variedad de asbesto en Colombia. La evidencia científica está de acuerdo sobre los efectos perversos de este material, pero en el país ha faltado la voluntad política. Es momento de que los parlamentarios le den al proyecto el impulso que necesita para convertirse en ley.

Esta es la octava ocasión en que se intenta regular el uso del asbesto en Colombia, pero la falta de interés de los congresistas, el impulso a medias del Gobierno y la fuerza del lobby de quienes todavía utilizan el material lo han condenado al fracaso en el pasado. En esta ocasión, no obstante, hay una buena señal: se aprobó en primer debate.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 125 millones de trabajadores en el mundo están expuestos a materiales con asbestos. El problema es que los estudios indican que la exposición a esta sustancia puede causar graves problemas de salud, como cáncer de pulmón, laringe y ovario, entre varios otros. Por eso, 54 países, incluyendo a la Unión Europea y Estados Unidos, tienen prohibido el uso del asbesto.

En Colombia no existen datos precisos sobre cuántos afectados hay por culpa del material, pero Caracol Radio reporta que el Instituto Nacional de Cancerología ha estimado que cada cinco años se presentan más de 500 muertes atribuibles a la sustancia. En el país el asbesto es usado como materia prima para fabricar tejas y tanques de agua, pastillas para frenos de vehículos, pinturas y mecanismos de aire acondicionado.

Ana Cecilia Niño, la persona cuyo nombre adoptó el proyecto de ley, falleció este año víctima de un cáncer de pulmón que le diagnosticaron en el 2013. Niño, previamente, había estado 17 años expuesta al asbesto por su trabajo, y los médicos consideran que el lazo entre la sustancia y su enfermedad es innegable.

Como ella, hay muchos otros colombianos que sufren enfermedades por culpa de la exposición a esta sustancia. Además, dadas las condiciones en las que se manifiestan las enfermedades, muchos reciben tratamientos equivocados hasta que es demasiado tarde para revertir los efectos. La pregunta necesaria es, entonces, ¿por qué seguir permitiendo el uso del material en el país?

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, escribió en su cuenta de Twitter que “como lo he reiterado en varias ocasiones, el Ministerio de Salud apoya la Ley Ana Cecilia Niño, que busca la prohibición del asbesto en Colombia”. Los argumentos del Ministerio son similares a los que hemos venido exponiendo: el riesgo a la salud es tan claro que amerita la prohibición.

Este tipo de decisiones son difíciles, porque afectan a segmentos de la economía y exigen cambios en los comportamientos de la industria. Pero cuando la vida de las personas se ve claramente afectada, es irresponsable que el país no siga el ejemplo de otras naciones para proteger a los ciudadanos. Cuando se habla de sostenibilidad a largo plazo, también deben incluirse este tipo de regulaciones que apuntan a preservar la salud de los colombianos.

El Gobierno puede proponer incentivos para los negocios afectados, de tal manera que se puedan adaptar sin mayores traumatismos. Esperamos que el Congreso aproveche esta oportunidad para aprobar la prohibición.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Vuelve a intentarse en el Congreso la aprobación del proyecto de Ley Ana Cecilia Niño, que busca prohibir la producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquier variedad de asbesto en Colombia. La evidencia científica está de acuerdo sobre los efectos perversos de este material, pero en el país ha faltado la voluntad política. Es momento de que los parlamentarios le den al proyecto el impulso que necesita para convertirse en ley.

Esta es la octava ocasión en que se intenta regular el uso del asbesto en Colombia, pero la falta de interés de los congresistas, el impulso a medias del Gobierno y la fuerza del lobby de quienes todavía utilizan el material lo han condenado al fracaso en el pasado. En esta ocasión, no obstante, hay una buena señal: se aprobó en primer debate.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 125 millones de trabajadores en el mundo están expuestos a materiales con asbestos. El problema es que los estudios indican que la exposición a esta sustancia puede causar graves problemas de salud, como cáncer de pulmón, laringe y ovario, entre varios otros. Por eso, 54 países, incluyendo a la Unión Europea y Estados Unidos, tienen prohibido el uso del asbesto.

En Colombia no existen datos precisos sobre cuántos afectados hay por culpa del material, pero Caracol Radio reporta que el Instituto Nacional de Cancerología ha estimado que cada cinco años se presentan más de 500 muertes atribuibles a la sustancia. En el país el asbesto es usado como materia prima para fabricar tejas y tanques de agua, pastillas para frenos de vehículos, pinturas y mecanismos de aire acondicionado.

Ana Cecilia Niño, la persona cuyo nombre adoptó el proyecto de ley, falleció este año víctima de un cáncer de pulmón que le diagnosticaron en el 2013. Niño, previamente, había estado 17 años expuesta al asbesto por su trabajo, y los médicos consideran que el lazo entre la sustancia y su enfermedad es innegable.

Como ella, hay muchos otros colombianos que sufren enfermedades por culpa de la exposición a esta sustancia. Además, dadas las condiciones en las que se manifiestan las enfermedades, muchos reciben tratamientos equivocados hasta que es demasiado tarde para revertir los efectos. La pregunta necesaria es, entonces, ¿por qué seguir permitiendo el uso del material en el país?

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, escribió en su cuenta de Twitter que “como lo he reiterado en varias ocasiones, el Ministerio de Salud apoya la Ley Ana Cecilia Niño, que busca la prohibición del asbesto en Colombia”. Los argumentos del Ministerio son similares a los que hemos venido exponiendo: el riesgo a la salud es tan claro que amerita la prohibición.

Este tipo de decisiones son difíciles, porque afectan a segmentos de la economía y exigen cambios en los comportamientos de la industria. Pero cuando la vida de las personas se ve claramente afectada, es irresponsable que el país no siga el ejemplo de otras naciones para proteger a los ciudadanos. Cuando se habla de sostenibilidad a largo plazo, también deben incluirse este tipo de regulaciones que apuntan a preservar la salud de los colombianos.

El Gobierno puede proponer incentivos para los negocios afectados, de tal manera que se puedan adaptar sin mayores traumatismos. Esperamos que el Congreso aproveche esta oportunidad para aprobar la prohibición.

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