Protestar sí, pero sin coartar otros derechos

Las mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos dentro de la ley no tienen por qué ser sometidas a juicios públicos, matoneo, invasiones a su privacidad o incluso tocamientos cuando van al médico. / Foto: Cristian Garavito – El Espectador

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

El aborto es un derecho en Colombia. Lo ha dicho en varias sentencias la Corte Constitucional, lo ha reconocido así el Estado y, en particular, el Ministerio de Salud, y es una realidad que las colombianas han interiorizado. Por lo tanto, las mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos dentro de las tres causales permitidas por la ley no están haciendo nada prohibido. ¿Por qué, entonces, deben ser sometidas a juicios públicos, invasiones a su privacidad o incluso tocamientos cuando van a un médico?

Ese es el debate que ha puesto sobre la mesa Oriéntame, clínica especializada en la salud de las mujeres y en la interrupción legal del embarazo.

La situación es la siguiente: dos veces cada año, durante 40 días y 40 noches, personas en 41 países se reunen frente a las clínicas donde se realizan abortos para rezar y protestar contra lo que consideran un asesinato. La organización promotora de estas manifestaciones, llamada 40 días por la vida, también está presente en Colombia y desde el 2015 hace vigilias frente a las clínicas, incluyendo las sedes de Oriéntame. En su momento este periódico publicó cómo uniformados de la Policía hicieron parte de algunas vigilias, confundiendo aún más a las personas que se acercaban a recibir los servicios médicos.

Según Pamela Delgado, líder de la campaña, “la mujer merece conocer la otra alternativa: no abortar. Y recibir la información sobre esa opción. No estamos en contra de Oriéntame, sino en contra del aborto”. Hasta ahí, todo es respetable.

Sin embargo, Oriéntame dice que las prácticas van más allá de una protesta común. Según la clínica, “la vigilia interfiere con la entrada y la salida de las mujeres que acuden a las clínicas. Los manifestantes se ubican en el andén del frente o cruzan la acera para interceptar a usuarias y trabajadores. Todos los recorridos desde los puntos de transporte público implican pasar frente a ellos, que pueden vigilar a las mujeres. Además se instalan con baño portátil, sillas, mesas, plásticos a manera de carpas, afiches, carteles, imágenes de fetos que desinforman sobre el aborto, así como otros objetos que obstaculizan el uso y el disfrute de los andenes públicos”.

También hay denuncias de que les toman fotos a las mujeres que entran a la clínica para compartirlas en redes sociales, fomentando el matoneo. En algunos casos las usuarias han contado que incluso llegan a tocarlas.

Eso sí es inaceptable. El derecho a la protesta y a la libre expresión no contempla la invasión de la privacidad, las hordas de matoneo ni el contacto físico. Además, no sobra recordarlo, estas colombianas no están haciendo nada ilícito. La presencia de la vigilia busca intimidarlas y evitar que ejerzan sus derechos.

La Alcaldía y la Policía deberían mantener presencia constante en estas manifestaciones, como ocurrió por ejemplo en su momento con las que iban en contra de las corridas de toros. Además, es razonable la petición de Oriéntame de crear unas “zonas de protección”, ubicadas como mínimo a 150 metros de distancia de las cuatro sedes de la fundación. De esta manera, las vigilias se pueden seguir realizando, pero, como ha ocurrido en otros países, las mujeres que deseen interrumpir sus embarazos también están protegidas. Es lo justo.

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