Putumayo y narcotráfico

Se calcula que el 90 por ciento de más de 378 mil habitantes consignaron sus dineros en alguna de estas empresas estafadoras. A la intervención estatal y la declaración del estado de emergencia social, las víctimas del engaño respondieron decretando un paro cívico indefinido y taponando la carretera ente Mocoa y Pitalito. Todos los vehículos que se encontraban en un parqueadero fueron incendiados. Una caravana de automotores se dirigió hacia Bogotá para exigir la liberación de David Murcia Guzmán y la devolución de sus dineros invertidos. Diferencias con periodistas considerados prestidigitadores y afines al Gobierno y enfrentamientos con algunos comerciantes que se rehúsan a continuar el paro dan fe de la creciente polarización que se vive en el  departamento que, con anterioridad y en razón a las 66.000 hectáreas de cultivos ilegales que pululaban en la frontera con Ecuador, fue considerado el mayor centro mundial de producción de coca.

Frente al caos reinante, el Gobierno nacional anunció, quizás de buena fe aunque con claros tintes populistas, el envío de una brigada financiera autorizada para darles créditos blandos a los afectados por la crisis. En tono didáctico y por vía telefónica, el propio presidente Uribe intentó explicarle a una ciudadana que “ese dinero fácil es un dinero muy débil, es una cascarita de huevo”. Nada se dijo, ni antes ni ahora, de la posible procedencia de los dineros con que DMG se permitió funcionar como pirámide, sin incumplir su promesa, durante más de seis años.

Entre tanto, son varios los que estiman que existe una correlación entre la disminución de los cultivos de coca, lograda a partir de la consolidación del costosísimo Plan Colombia —sobre el que el vecino presidente de Ecuador, Rafael Correa, se ha expresado diciendo que “Colombia tiene más helicópteros que pilotos”—, y el auge de las ilegales especulaciones. Hay quienes comparan incluso las marchas de protesta por la fumigación aérea de cultivos ilícitos, bajo el gobierno de Ernesto Samper, con el paro cívico motivado por la intervención de DMG, DRFE y demás pirámides.

Cualquiera sea la verdadera relación, lo cierto es que el dinero del narcotráfico por primera vez encuentra maneras de ser lavado, y en cantidades alarmantes, en provincia. Y es por eso que el simple alegato moral contra la controvertida figura de las pirámides allí en el epicentro del conflicto, lanzado desde el interior —donde se está tan acostumbrado a hacerse el de la vista gorda, por dar un solo ejemplo, frente a las ostentosas construcciones que pululan en las principales ciudades y que difícilmente pueden financiar dineros obtenidos legalmente— resulta odioso y falto de autenticidad.

Más allá de la angustia social que vive el Putumayo —que con dificultad se solucionará de una manera decorosa—, lo cierto es que en este, como en gobiernos anteriores, la respuesta estatal a los momentos de crisis vividos en el lejano departamento fronterizo reproduce la fórmula de la autoridad central y tradicionalmente ausente, que se limita a regular debido a que no dispone de un discurso ni de una política diferentes a los de la guerra; es la autoridad que exige valores dignos de una democracia en ciudadanos históricamente tratados de marginales. Si se quisiera ir más allá de sofocar el levantamiento de la coyuntura con unos cuantos regalos paliativos, que es lo que parece, sería importante diseñar el regreso —nacimiento quizás sea una palabra más precisa— del Estado en esta región para que pueda algún día sacudirse de lo que parece una condena a vivir signada por el narcotráfico y el conflicto.