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Cuando la Contraloría General de la República aprovecha el amplio grado de discrecionalidad con el que cuenta para adoptar decisiones caprichosas y que despiertan muchas dudas, se ponen en riesgo la institucionalidad, la transparencia de la democracia y el buen uso de los recursos públicos. Todo el actuar del ente de control en torno a los problemas de Hidroituango da la sensación de que, más que tratarse de un análisis técnico que quiere proteger a los colombianos, el fallo fiscal busca ser un golpe político y mediático que puede generar más daños que beneficios. Tanto por el proceso electoral como por la sostenibilidad energética del país, la Contraloría debería reconsiderar las decisiones que ha tomado hasta ahora, aunque ya parece no haber vuelta atrás.
La Contraloría tiene la mala práctica de privilegiar la rimbombancia sobre un trabajo juicioso y coherente con los fines que le impone la Constitución. El caso de Hidroituango no es diferente. En una decisión con más de 2.000 páginas, la Contraloría se ha presentado ante el país como la guardiana de los recursos públicos. Condenó en primera instancia a una serie de políticos de alto nivel por un supuesto detrimento patrimonial de $4,3 billones por los retrasos en la construcción de la obra. En el proceso ha arrastrado con la reputación de empresas claves para el país y con larga historia de ejecución transparente de recursos públicos. Cualquiera pensaría, por los comunicados de la Contraloría y el decir de sus funcionarios, que estamos ante una heroica defensa contra la corrupción.
El problema es que nada lleva a mostrar que hubo corrupción. La propia Contraloría lo reconoce al imputar a todos los responsables por culpa grave, mas no por dolo. Ninguna de las pruebas recolectadas por los expertos investigadores apunta a que se hayan robado esos $4,3 billones que supuestamente perdieron los colombianos. No solo eso, en el expediente consta que todas las decisiones que se tomaron fueron con base en las recomendaciones de los mejores conocimientos que los expertos tenían en el momento. Es tan claro que lo que ocurrió se trató de un hecho difícil de prever, que la aseguradora del proyecto, Mapfre, ya ha desembolsado US$350 millones para cubrir los gastos y planea seguirlo haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está entrando la Contraloría a salvar? ¿Cuál es el detrimento si la aseguradora está cumpliendo y el proyecto ha podido seguir su construcción?
Por el contrario, si en segunda instancia se confirma el fallo fiscal, el proyecto Hidroituango podría entrar en problemas. La defensa del vicecontralor general, Julián Mauricio Ruiz, puede tener cierta lógica formal cuando dice que “en algún momento se ha intentado achacarle la posible paralización del proyecto a la Contraloría, y eso es un tema ajeno a nuestras funciones”. Lo que no puede eludir el ente de control es la responsabilidad con el propósito final de sus investigaciones. ¿Qué es lo que busca atacar con ellas?
El resumen de las críticas técnicas al fallo de la Contraloría es que está pidiéndoles lo imposible a los funcionarios públicos: que sepan más que los mejores técnicos en construcción de proyectos hipercomplejos. Por eso resuena tanto que uno de los condenados sea el candidato presidencial Sergio Fajardo, a quien el contralor Carlos Felipe Córdoba ya había acusado, como auditor, con investigaciones metodológicamente cuestionables. Fajardo dijo esta semana en entrevista con Noticias Caracol que lo “quieren joder”. Viendo la caprichosa decisión de la Contraloría, es inevitable tener justas preocupaciones por la democracia colombiana en este caso.
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