La guerrilla del ELN vive en un delirio y quiere que el resto del país la acompañe. Año tras año, declaración tras declaración, los líderes del grupo criminal muestran cómo construyeron una realidad paralela en la que son justicieros y donde la violencia descarnada que cometen siempre encuentra excusa. La muestra más reciente, y tal vez más descarada, la tuvimos esta semana en una publicación del comandante de esa guerrilla, Antonio García, en su cuenta de X. Dando clases a medias de derecho internacional humanitario, el guerrillero escribió: “Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos”. Qué difícil negociar con quien tiene un lenguaje cínico y no quiere romper sus propios espejismos.
Hay, claro está, una realidad: la guerrilla, alzada en armas, usa el terror para interrumpir la vida de personas que mantiene contra su voluntad en condiciones deplorables. Al hacerlo, viola sus derechos fundamentales, siembra terror en sus vidas, en las de sus familias y en las de las comunidades, y envía el mensaje de que no hay espacio seguro en Colombia. Al exigir una remuneración para liberarlos, demuestra tener el control sobre sus vidas, sobre su futuro. Los efectos se sienten de por vida: es un trauma que no abandona, que genera inseguridad constante, que rompe la confianza de las personas con la sociedad en la que viven. Y eso sin hablar de los casos donde hay violencia de por medio que termina en muertes porque, sí, ocurren, y el ELN no puede garantizar la seguridad de a quienes somete a estos tratos.
¿Cómo le llamamos a eso? Prisioneros no son, porque los civiles no son parte de las hostilidades. Retenidos no es más que un eufemismo. Hay que ser claros: son secuestros. El ELN sí comete secuestros y tiene por lo menos 30 personas bajo su inhumano control.
Tal vez el comandante García está pensando en una eventual justicia transicional. Quiere sentar un precedente que les evite reconocer responsabilidad. Sobre eso, sin embargo, los tribunales de paz han sido claros. A todo el secretariado de las FARC le tocó reconocer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus crímenes de guerra en el macrocaso 01, que tiene que ver con los secuestros. La JEP logró, en sus propias palabras, identificar “a 21.396 víctimas de secuestro con nombre y cédula”. Si se consigue un acuerdo con el ELN, sea la JEP o la entidad que se disponga para el proceso de justicia, lo mismo ocurrirá. Todo el sufrimiento que el ELN ha sembrado durante décadas en Colombia se contará en los tribunales con nombre propio.
Por eso es tan frustrante que la guerrilla insista en sus trucos retóricos. El Gobierno lo sabe. El nuevo comisionado de Paz, Otty Patiño, fue claro en una carta enviada a la Procuraduría: “El secuestro es un crimen contra la dignidad humana, que hace daño a familias y comunidades, que daña la confianza de la sociedad colombiana en la posibilidad de la paz y que es una práctica enemiga de la paz. Nuestra delegación ha señalado que exige la liberación de todos los secuestrados y la eliminación de esta práctica por parte del ELN y todos los demás grupos que quieran un entendimiento con el Gobierno Nacional”. Ahora que se reanudaron los diálogos, un inamovible debe ser la liberación de los secuestrados. La guerrilla tiene que cumplir.
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