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La arrasadora victoria de Carlos Hernán Rodríguez termina el casi año entero que duró el limbo jurídico sobre la cabeza de la Contraloría General de la República. Llega con la promesa de dirigir un ente fiscal sin sesgos políticos y recuperar $10 billones que se estima se han perdido por corrupción. Sin embargo, el amplio apoyo que recibió de los partidos políticos tradicionales, el hecho de que de facto siguió mandando durante todo este tiempo en la Contraloría y las denuncias constantes sobre nombramientos burocráticos indebidos dentro de la entidad le generan problemas de legitimidad. Es momento de abandonar las jugaditas y mostrar con hechos que hay vocación de autonomía en un ente de control esencial para el país.
Rodríguez regresó al cargo que perdió en el Consejo de Estado con cinco votos más de los que había recibido en 2022. No hay punto de comparación: mientras sus contrincantes recibieron siete votos, él sacó 96 en el Senado y 169 en la Cámara de Representantes, para un total de 265. Con esto se surte el requisito pedido por la Corte Constitucional y la Contraloría deja de estar en la interinidad. Ya era hora. Es indiscutible la preferencia del Congreso por Rodríguez, quien se movió con intensidad para asegurar su reelección en el cargo. Ahora tendrá poco más de dos años para terminar su período original.
“La Contraloría General de la República debe ser un órgano caracterizado por su independencia”, dijo el contralor en su discurso de triunfo. “Debe existir un decidido y claro compromiso de la lucha contra la corrupción, contra el derroche y el mal uso de los recursos públicos. Para cumplir con este cometido continuaré liderando una labor de negocios, de incansable auditoría y control fiscal”, agregó y mencionó la cifra de los $10 billones que espera recuperar. Estamos de acuerdo en que eso es lo que se necesita, pero Rodríguez debe demostrar con hechos que llega al cargo sin lazos políticos que entorpezcan su labor.
La Contraloría adolece de los mismos problemas que han plagado a los entes de control en los últimos años. Su abultada burocracia aumentó de la mano de cuestionamientos sobre los intereses políticos de quienes la han dirigido. A pesar de ser una entidad técnica, varias de sus decisiones se han prestado para entorpecer candidaturas electorales, como ocurrió con Sergio Fajardo. En los últimos meses, Carlos Mario Zuluaga, contralor interino cercano a Rodríguez, mojó titulares con información incompleta sobre el sistema de salud que terminó en fuertes enfrentamientos con las EPS y terció en el debate más acalorado que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro. El mismo Rodríguez utilizó jugadas jurídicas y políticas para alargar la repetición de la votación que corrigiera los vicios de trámite en su nombramiento original.
Entonces, el principal reto en adelante es respaldar la promesa de autonomía. Ayudaría que impulse procesos meritocráticos para llenar la amplia planta de la Contraloría y que, como está haciendo la Fiscalía, se abstenga de intervenciones públicas hasta que haya resultados concretos. Que las actuaciones del ente de control fiscal hablen por sí mismas y vayan dirigidas a la lucha anticorrupción.
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