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Llegar a la discusión del Presupuesto General de la Nación del año entrante sabiendo que, según las cuentas del Ministerio de Hacienda, hay por lo menos $12 billones que se encuentran desfinanciados es un mal augurio que exige reflexiones en el Gobierno y en los congresistas. Analistas independientes apuntan a que la cifra de recursos que se necesitarán es incluso mucho mayor, mientras no es claro que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) haya podido recuperarse del descache en sus promesas de recaudo y el atraso en su modernización. El resultado quizá sean más decisiones difíciles sobre recortes en inversión, lo que es una señal de alerta para este Gobierno y para los que lo sigan. Las finanzas del país necesitan tener en cuenta el reto del hueco fiscal.
La DIAN es una pieza débil en las necesidades del Estado colombiano. A pesar de la rimbombancia con la que esa entidad arrancó el gobierno de Gustavo Petro, los resultados ameritan responsabilidades políticas. Se prometieron recaudos elevados, impulsados por la modernización de la entidad, la contratación de nuevos funcionarios y la victoria en pleitos judiciales, pero ninguna de esas realidades se materializó. El resultado ha sido que, a medio camino de la ejecución presupuestal de 2024, el Ministerio de Hacienda haya tenido que alterar los presupuestos, pedir recortes en todos los ministerios y, de paso, ajustar las expectativas para el nuevo presupuesto que regirá en 2025. Aunque desde el Gobierno lanzan señales de confianza en la nueva administración de la DIAN, no es claro que el proceso de modernización tenga la velocidad suficiente. En una muestra anecdótica, estas semanas que los colombianos empezaron su proceso de declaración de renta el sistema presentó problemas que minaron la confianza de las personas y pusieron la lupa de nuevo en una entidad emproblemada.
No podemos tener un país con una economía formal si las capacidades de recaudo de impuestos no están a la altura. Tampoco podemos hablar de impulsar la economía nacional si, al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda tiene que vivir navegando las dificultades de mantener financiado al Estado. Volvemos al punto con el que arrancamos este editorial: no tiene presentación que hablemos de un Presupuesto General de la Nación donde, de entrada, hay un montón de recursos que no se sabe muy bien de dónde saldrán.
Vendrá, claro, la discusión de una nueva ley de financiamiento. El argumento del Gobierno será sencillo: sin ella no podemos invertir y habrá que hacer más recortes. Es cierto, pero quizás es momento de retomar otra idea importante, y es que Colombia no se la puede pasar cada dos años aprobando reformas tributarias a medias. Quizá de este momento de vacas flacas es la oportunidad de una discusión nacional, liderada desde la Casa de Nariño, sobre cómo hacemos una reforma que se mantenga en el tiempo, que solucione las modificaciones a medias que se han introducido en los últimos gobiernos y que promueva la necesaria economía formal. Sería un gran aporte para las finanzas públicas.
Empero, sabemos que eso no va a ocurrir. La gobernabilidad del presidente Petro y del ministro Bonilla está disminuida, mientras que el Congreso tiene una larga historia de no ser capaz de acercarse con altura a debates similares. Entonces, seguiremos celebrando triunfos parciales, como el cumplimiento de la responsabilidad fiscal por parte del primer gobierno de izquierda, como el hecho de que se han priorizado algunos sectores de inversión y como la mejoría de las cifras de la economía. Es momento, también, de que el Banco de la República le meta el acelerador a la reducción de las tasas. Mientras podemos dar los grandes debates, esos pequeños avances necesitan ser protegidos.
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