¿Qué hacemos con la paz?

Es una lástima que tengamos que dar esta discusión en medio del calor electoral, pero no hubo de otra.

Se dijo en su momento. Expertos y observadores lo advirtieron en repetidas ocasiones. Iba a ser muy difícil garantizar una exitosa implementación de lo acordado en medio de tantos intereses electorales. Lo vimos el año pasado con el paso tortuoso por el Congreso de muchas reformas y de otros tantos pendientes que aún hoy están en mora de ser aprobados. Este año, además, la retórica electoral ha aprovechado el Acuerdo para hacer política y no hemos podido dar debates complejos y serenos sobre el futuro del país.

El problema es que, mientras todo eso ha venido ocurriendo, las patas esenciales del Acuerdo vienen temblando.

En este espacio, hace apenas un par de semanas, mencionábamos la preocupación por las investigaciones de la Fiscalía sobre los fondos de paz, así como los claros retrasos en el cumplimiento de ciertas promesas. Sobre esto último, el presidente Juan Manuel Santos, después de reunirse con su gabinete para el posconflicto, aceptó esta semana que hubo retrasos por falta de articulación entre las entidades del Gobierno. Esperamos que las medidas anunciadas funcionen para acelerar el cumplimiento.

Si el Estado logra demostrar que está brindando todas las oportunidades prometidas, los gritos disidentes de líderes como Jesús Santrich e Iván Márquez, en medio de investigaciones desde Estados Unidos, no serían tan peligrosos. Sobre eso, nos reiteramos: las reglas del Acuerdo eran claras: si se cometieron delitos después de la firma, la ley debe aplicarse para todos. La culpa recae sobre los individuos. El mensaje para todos los reinsertados, entonces, debe ser contundente. Colombia les da la bienvenida y no debe haber motivos para regresar a las armas.

Lo que nos lleva a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la llamada a explicarle al país la situación jurídica de Santrich y de quienes sean investigados después de él. De manera frustrante, la JEP se encuentra en su propio escándalo, con el exsecretario ejecutivo Néstor Raúl Correa acusando a la presidenta de la Jurisdicción, Patricia Linares, y a otros magistrados de hacer un complot en su contra. La presidenta explicó, por su parte, que fue Correa quien incurrió en actos dudosos que desembocaron en su renuncia. En cualquier caso, el daño está hecho. Una justicia que ya empezaba con una carga de desconfianza encima ahora está manchada por un escándalo sin siquiera haber abierto el primer proceso.

Todas estas situaciones no se pueden ignorar, por eso necesitamos que el debate vaya mucho más allá de los intereses electorales. El Acuerdo es una realidad. Como explicó el presidente Santos: “Nadie dijo que la paz y la reconciliación eran fáciles. Pero es el único camino sensato para los colombianos. Y hay que perseverar”. Estamos de acuerdo. Repetimos la pregunta: ¿qué hacemos con la paz?